Venezuela vuelve a ocupar el último lugar en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), según el informe correspondiente al año más reciente. Este estudio internacional analiza la forma en que los países respetan el Estado de Derecho, tomando en cuenta tanto la percepción ciudadana como la evaluación de expertos sobre la justicia, la transparencia y el funcionamiento de las instituciones.
De los 143 países y jurisdicciones examinados, Venezuela se ubica en el puesto 143, con una puntuación de apenas 0.26 sobre 1.00, lo que la consolida como la nación con menor adhesión al Estado de Derecho en el mundo. El informe evidencia una crisis profunda en la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la garantía de derechos fundamentales.
La ONG Acceso a la Justicia señaló que esta posición refleja un deterioro generalizado en todos los indicadores evaluados por el World Justice Project. Entre ellos destacan los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el respeto a los derechos fundamentales, el mantenimiento del orden y seguridad, y la calidad del sistema de justicia penal.-
Estos factores son pilares esenciales del Estado de Derecho, y su debilitamiento en Venezuela muestra cómo el poder político ha desplazado la independencia de las instituciones, afectando la confianza pública y la equidad ante la ley.
Consecuencias del debilitamiento del Estado de Derecho
La oenegé destacó que el hecho de que Venezuela permanezca al final del ranking global no solo evidencia una falla estructural, sino también un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. La falta de garantías judiciales, la corrupción sistémica y la impunidad erosionan el Estado de Derecho y limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos. Además, la pérdida de credibilidad de las instituciones judiciales y de control refuerza un círculo vicioso de desconfianza, desigualdad y falta de justicia. En este contexto, el fortalecimiento del Estado de Derecho se presenta como una condición indispensable para recuperar la seguridad jurídica y el respeto a las libertades ciudadanas.
[Fuente: El Carabobeño]
