Amnistía Internacional advirtió este martes que las violaciones de derechos humanos en Venezuela no han cesado y siguen respondiendo a un patrón sostenido de actuación estatal. Durante la presentación del informe anual, la directora adjunta de la ONG en el país, Nastassja Rojas, sostuvo que los abusos documentados no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de una práctica estructural que se mantiene vigente y se proyecta hacia 2026.
Rojas abrió su intervención con un reconocimiento a quienes en el el país continúan documentando la situación pese a los riesgos. “Venezuela sigue resistiendo, levantando información y haciendo posible que hoy estemos aquí, incluso en muchos casos arriesgando su propia vida, su integridad y su dignidad”, afirmó la politóloga e internacionalista.
Señaló que el informe concluye que en Venezuela persiste un “patrón de actuación estatal” que articula órganos del poder público para perseguir y castigar la disidencia, sea esta real o percibida.
“No son hechos aislados, es una práctica estatal”
Se trata, dijo, de “un aparato profundamente represivo” que “actúa en red”, lo que dificulta la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas.
“Lo que documenta Amnistía Internacional no son hechos aislados, es una práctica estatal que sigue vigente y que seguimos identificando para 2026”, insistió.
Entre los principales hallazgos, el informe destaca la continuidad de las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Según las cifras presentadas, hacia finales de 2025 había al menos 806 personas privadas de libertad, de las cuales más de 400 permanecían detenidas.
Rojas subrayó que estas detenciones funcionan como puerta de entrada a otras violaciones de derechos humanos graves. Se refirió a la existencia de desapariciones forzadas y al uso del sistema judicial como herramienta de represión.
El informe documenta al menos 63 personas en situación de desaparición forzada para finales de 2025. En muchos de estos casos, señaló la experta, las autoridades niegan información sobre el paradero de los detenidos, lo que agrava la vulneración y extiende sus efectos a las familias.
Cierre del espacio cívico
Amnistía Internacional señala que en Venezuela continúan las restricciones a organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales han tenido que operar desde el exilio. A esto se suman ataques a la libertad de expresión y detenciones de periodistas.
La persecución también alcanza a defensores de derechos humanos, lo que, según Rojas, tiene un efecto colectivo. “Cuando se reprime a una persona defensora, también se afecta a las comunidades que acompaña”, explicó.
El informe también alerta sobre la persistencia de la crisis en las condiciones de vida. Durante 2025 se mantuvieron protestas vinculadas a derechos laborales y acceso a vivienda, mientras que la migración continúa siendo una consecuencia directa del deterioro interno.
La organización estima que alrededor de 8 millones de venezolanos han salido del país y que al menos 2 millones dependen de ayuda humanitaria desde territorio nacional debido a la merma de la cooperación internacional.
Se registran asimismo afectaciones a grupos específicos, como la comunidad LGBTIQ+, frente a la falta de avances en protección de sus derechos y la existencia de acciones discriminatorias que también encajan en el patrón general descrito por la organización.
El riesgo de normalizar los abusos en Venezuela
En relación con medidas recientes, la politóloga advirtió también sobre el uso de excarcelaciones y de la Ley de Amnistía. Aunque algunas personas han sido liberadas, señaló, muchas continúan bajo restricciones y vigilancia.
“Las excarcelaciones no significan el fin de la persecución”, afirmó.
Añadió que la ley se estaría usando como “un elemento más del aparato represivo”, en lugar de garantizar libertades plenas.
La representante de Amnistía Internacional alertó sobre el riesgo de que se normalicen estos abusos. “Se empieza a repetir la normalización de las violaciones graves de derechos humanos e incluso de los crímenes de lesa humanidad”, señaló.
La organización reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por motivos políticos, el cese de las causas penales con motivación política y el fin de las prácticas de persecución.
“Mientras estas prácticas persistan, el patrón de violaciones de derechos humanos en Venezuela sigue vigente”, manifestó Rojas.
[Fuente: El Nacional]
