El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, presentó este lunes su balance sobre el estado de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país, correspondiente al período comprendido entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2026.
Las cifras recabadas por el Observatorio de Seguimiento del gremio periodístico contabilizan un total de 155 incidentes y ataques directos contra comunicadores sociales, fotógrafos, corresponsales extranjeros y medios de comunicación, configurando un escenario caracterizado por el hostigamiento permanente y la imposición de barreras al flujo informativo.
Intimidación: 37 casos
Impedimento de cobertura: 26 casos
Detenciones arbitrarias: 23 casos
Hostigamiento: 16 casos
Deportación de corresponsales extranjeros: 15 casos
Ataques directos: 13 casos
Borrado compulsivo de material audiovisual: 12 casos
Amenazas directas: 7 casos
Cierre de emisoras de radio: 4 casos
Intento de robo de equipos: 1 caso
Decomiso de credenciales de prensa: 1 caso
El análisis de la directiva del CNP Caracas señala que la recurrencia de estas acciones evidencia una política orientada a restringir el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados, propiciando patrones de autocensura y limitando la cobertura sobre las dinámicas institucionales, sociales y comunitarias del país.
«El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza. Se insiste en normas y medidas coercitivas forzadas buscando amedrentar, incitar a la autocensura y limitar la labor de quienes reportan la realidad», declaró Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas.
155 ataques directos contra la prensa y los periodistas entre enero y octubre de 2026
El Observatorio de Seguimiento del gremio periodístico documentó hostigamiento, detenciones y barreras informativas
«El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza. Se insiste en normas y medidas coercitivas forzadas buscando amedrentar, incitar a la autocensura y limitar la labor de quienes reportan la realidad».
Tipología de los 155 incidentes registrados (enero – octubre)
Casos como el de Ricardo Tarazona (amenazado por civiles armados en Urachiche) y la vigilancia policial a equipos de prensa durante protestas frente al Ministerio Público en Lara.
El 22 de octubre se impidió a reporteros de Televen y Venevisión realizar pases en directo desde el balcón de prensa de la Asamblea Nacional bajo pretextos de seguridad.
Desglose completo de restricciones documentadas (Resto de la tipología)Desplegar lista ▼
• Ataques directos: 13 casos documentados contra sedes o profesionales.
• Borrado compulsivo: 12 casos de eliminación forzosa de material audiovisual en teléfonos y cámaras.
• Amenazas directas: 7 casos de advertencias intimidatorias contra comunicadores.
• Cierre de emisoras: 4 estaciones radiales sacadas del aire de forma arbitraria.
• Robo y decomiso: 1 intento de robo de equipos y 1 caso de decomiso de credenciales de prensa.
Patrones de censura en el ecosistema digital, en las regiones y en sedes institucionales
El informe del gremio precisa que las modalidades de amedrentamiento y restricción del trabajo de campo se ejecutan de forma diferenciada tanto en la ciudad capital como en el interior del país, abarcando agresiones directas de actores irregulares, persecución por parte de organismos de seguridad y bloqueos discrecionales en recintos del Estado.
En el ámbito regional, el CNP documentó el caso de Ricardo Tarazona, corresponsal de los medios El Carabobeño y Qué Pasa en Venezuela en el estado Yaracuy, quien fue amenazado mientras recogía testimonios comunitarios sobre la escasez de unidades de ambulancia en la población El Picure, municipio Urachiche.
Durante el desarrollo del trabajo de campo, un sujeto que se identificó como comunero interrumpió las entrevistas a los vecinos, impidió el registro periodístico alegando que se trataba de una «actividad política» y acorraló al comunicador en compañía de civiles armados. El reportero logró retirarse del lugar mediante vías alternas con el auxilio de residentes de la zona.
El observatorio registró incidentes de vigilancia y acoso durante coberturas de derechos humanos en el estado Lara.
En una concentración convocada por la Alianza de Familiares de Víctimas de Venezuela el 27 de octubre frente al Ministerio Público y en la localidad de Santa Rosa, efectivos de la Policía del estado Lara y civiles pertenecientes a cuerpos de seguridad no identificados persiguieron, fotografiaron y mantuvieron despliegue de seguimiento cercano contra los equipos de prensa y las familias asistentes.
A nivel de las instituciones públicas centrales, el informe denuncia que el 22 de octubre, durante la sesión de juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales en el palacio federal legislativo, funcionarios de seguridad apostados en el hemiciclo impidieron a los reporteros de Televen y Venevisión la grabación de pases en directo y avances informativos.
Bajo el argumento discrecional de resguardar parámetros de «seguridad y privacidad», el personal operativo impidió la labor técnica de las plantas televisivas desde el balcón de prensa de la Asamblea Nacional.
Ante este panorama, la representación del Colegio Nacional de Periodistas en el Distrito Capital reiteró la exigencia a los poderes públicos de que se garantice el ejercicio pleno del periodismo, se detenga el uso de procedimientos coercitivos contra la prensa y se brinden salvaguardas efectivas para el trabajo de reporteros, camarógrafos y trabajadores de los medios de comunicación en todo el territorio nacional.
[Fuente: El Nacional]
