La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este jueves el cierre definitivo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y el lanzamiento simultáneo de una vasta reforma judicial.
El cese de la normativa de amnistía marca la conclusión de un proceso que se inició el 19 de febrero con el fin de pacificar el clima social. Rodríguez brindó un balance detallado sobre la aplicación de esta ley y resaltó el esfuerzo administrativo que llevaron a cabo los organismos del Estado para cumplir con cada una de las pautas establecidas.
Según las cifras oficiales que suministró el gobierno, se recibieron cerca de 12.000 solicitudes de personas interesadas en obtener este beneficio legal de excepción. Tras el análisis de cada legajo, un total de 8.616 beneficiados recuperaron la libertad plena, hecho que la mandataria consideró un paso vital hacia la armonía política.
No obstante, la funcionaria aclaró que la finalización de este régimen legal no deja sin opciones aquellos casos que la normativa excluyó de forma taxativa o que no entraron en sus alcances. Rodríguez explicó que el país cuenta con nuevos espacios de diálogo y una serie de mecanismos de reforma judicial que están diseñados para atender estos expedientes pendientes.
Reforma judicial
El propósito central de esta nueva entidad técnica es la garantía total de un acceso a la justicia que sea equitativo y que no permita ningún tipo de discriminación hacia los ciudadanos.
En cuanto a la estructura de la Comisión para la Gran Consulta Nacional, la presidenta interina definió un perfil técnico y político de alto nivel. La funcionaria designó al fiscal general, Larry Devoe, para que desempeñe el papel de secretario en esta instancia de reforma.
El pedido de Rodríguez fue taxativo: el equipo debe efectuar un abordaje profundo del sistema con una sólida perspectiva en derechos humanos.
Esta directriz busca que el proceso penal en Venezuela se modernice y se ajuste a los tratados internacionales, con el fin de erradicar prácticas arbitrarias y fortalecer la seguridad jurídica de los habitantes en todo el territorio nacional.
En tono firme, la mandataria interina solicitó a los actores que forman parte del sistema de justicia que trabajen de manera coordinada y que dejen de lado las internas burocráticas para priorizar el bienestar social.
Destacó la necesidad de corregir los vicios y desviaciones de poder que enturbian el accionar de los tribunales y que generan desconfianza en la opinión pública. Para Rodríguez, la reforma es el único camino para dar una respuesta real a los reclamos ciudadanos.
La estrategia del gobierno nacional apunta a consolidar un marco de paz social a través de la institucionalidad y no solo mediante medidas de carácter extraordinario como lo fue la amnistía. Al finalizar el acto, la funcionaria reafirmó que el fin de la ley abre una nueva etapa donde la ley se aplicará con igual rigor para todos, pero con mecanismos de revisión más transparentes.
La creación de la consulta nacional es la apuesta del oficialismo para renovar el vínculo ciudadano con la ley y para demostrar un compromiso firme con la reforma institucional. Con estos anuncios, el Palacio de Miraflores busca cerrar las heridas del pasado reciente y proyectar un sistema judicial que sea un ejemplo de rectitud para la región.
[Fuente: El Nacional]
