Por Luis A. Velásquez P.:
El daño más difícil de reconstruir no es el que queda en las carreteras, en la economía o en los edificios, sino el que permanece dentro de la sociedad: miedo, autocensura, desconfianza, dependencia, ruptura de vínculos comunitarios y progresiva sustitución de la ciudadanía por mecanismos de supervivencia.
Puede medirse la caída de la producción, calcularse cuánto costará recuperar una infraestructura o estimarse el capital necesario para reactivar una economía. Mucho más difícil es saber cuánto tarda una sociedad en recuperar la confianza, la autonomía individual y la convicción de que el Estado existe para servirla y no para vigilarla, disciplinarla o hacerla depender de él. Por eso hablar de reconstrucción en Venezuela obliga a ir más allá de recuperar servicios, empresas, hospitales o carreteras. Un terremoto puede derribar edificios y puentes. Una crisis prolongada del Estado puede destruir algo mucho más difícil de levantar: la capacidad de una sociedad para confiar, cooperar, disentir sin miedo y relacionarse con el poder sin sentirse subordinada.
Ese daño no es exclusivamente venezolano. Cuba, Nicaragua y Venezuela son experiencias distintas, nacidas en momentos históricos diferentes. Pero en las tres puede reconocerse una lógica común: la penetración creciente del poder político en espacios que deberían pertenecer a la sociedad, la familia, la profesión, la iniciativa individual y el ejercicio autónomo de la ciudadanía. La experiencia cubana constituye un punto fundamental. Parte de sus métodos de organización, vigilancia y control se desarrolló en estrecha relación con el universo político y de seguridad del bloque soviético. Más importante que la procedencia de esos mecanismos fue la concepción que terminaron expresando: la seguridad del Estado comenzó a confundirse con la protección del régimen frente a su propia sociedad.
Ahí comienza lo que podemos llamar daño antropológico. El poder deja de interesarse únicamente por lo que el ciudadano hace y empieza a interesarse por lo que piensa, con quién habla, qué información recibe, de qué depende económicamente y hasta dónde está dispuesto a expresar públicamente aquello que piensa en privado.
No es necesario encarcelar a toda una sociedad para controlarla, basta con conseguir que una parte suficiente comprenda que algunas palabras tienen consecuencias, ciertas amistades pueden resultar inconvenientes y determinadas opiniones es preferible reservarlas para la intimidad. Cuando ese aprendizaje pasa de una generación a otra, la represión logra algo más profundo que imponer silencio: instala un censor dentro del individuo. La autocensura se convierte en una institución invisible. El ciudadano aprende a anticiparse al poder: antes de hablar calcula, antes de participar evalúa las consecuencias.
La sociedad modifica así su comportamiento para sobrevivir. El daño antropológico no significa que una sociedad sometida a un régimen autoritario sea moralmente inferior a otra. Describe la transformación prolongada de comportamientos, valores y expectativas cuando las instituciones premian la obediencia, castigan la autonomía y convierten la dependencia en condición de la vida cotidiana. La supervivencia comienza entonces a competir con la ciudadanía.
La pregunta deja de ser «¿qué derechos tengo?» y pasa a ser «¿qué debo hacer para conservar lo que tengo?». El ciudadano busca contactos para obtener alimentos, medicinas, documentos, una autorización o protección. Donde desaparece la regla aparece la relación personal; donde desaparece el derecho aparece el favor y, una sociedad organizada alrededor del favor termina debilitando inevitablemente la noción de ciudadanía.
Cuba consiguió mantener durante décadas un sistema político en condiciones difíciles. Reducir esa experiencia únicamente a la coerción sería una simplificación: existieron legitimidades históricas, nacionalismo, políticas sociales y adhesión genuina de sectores de la población. Pero otra cuestión es qué ocurre cuando la pérdida de apoyo deja de poder traducirse en alternancia política.
La institucionalización del control es lo que transforma una revolución en un sistema de poder duradero.
Con el tiempo, Cuba dejó además de ser solamente receptora de experiencias para convertirse en transmisora. Nicaragua fue una de las expresiones de ese recorrido. La revolución sandinista tuvo raíces nacionales propias y no fue una creación de La Habana ni de Moscú, pero recibió cooperación política y de seguridad del mundo socialista.
Los sistemas políticos, sin embargo, no se exportan como máquinas embaladas en un puerto. Se transmiten métodos, asesoramiento, concepciones sobre seguridad y maneras de entender la relación entre poder y sociedad. Cada país los adapta a su propia historia.
Venezuela tampoco se convirtió en Cuba ni en Nicaragua. Su proceso comenzó de otra manera. Hugo Chávez llegó al poder mediante elecciones, respaldado por una sociedad profundamente insatisfecha con un sistema político que había perdido capacidad de representación. La transformación institucional fue gradual: algunas instituciones desaparecieron, otras cambiaron de naturaleza y otras conservaron sus nombres mientras perdían autonomía.
La relación con Cuba adquirió una enorme profundidad y se extendió hacia salud, educación, energía, cooperación política, seguridad e inteligencia. Pero sería un error atribuir todo el deterioro venezolano a La Habana. Hacerlo significaría exonerar a los venezolanos que construyeron, administraron, aprovecharon o toleraron el sistema.
La influencia externa puede enseñar métodos. La decisión de utilizarlos pertenece a quienes ejercen el poder dentro del país. Y es precisamente en Venezuela donde el daño que no se ve adquiere una dimensión particularmente dolorosa.
Durante años, la atención internacional se concentró en el petróleo, la inflación, las elecciones, las sanciones, la emigración, los presos políticos, la destrucción de los servicios públicos y el deterioro institucional. Todo ello es fundamental. Pero debajo ocurrió otra transformación.
Millones de venezolanos aprendieron a vivir dentro de la incertidumbre. Un servicio podía funcionar o no. Una norma podía aplicarse o no. Un salario podía perder rápidamente su valor. Un derecho podía depender de una decisión administrativa. Una opinión política podía cerrar oportunidades.
La incertidumbre también educa.
Enseña a vivir al día, reduce la capacidad de planificar y convierte el futuro en algo demasiado incierto para organizar la vida alrededor de él. El individuo aprende a resolver el presente, incluso cuando hacerlo exige recurrir a intermediarios o aceptar situaciones que antes habría considerado intolerables. La degradación institucional termina así convirtiéndose en degradación de las expectativas. Y cuando una sociedad deja de esperar que las instituciones funcionen, aparece uno de los daños más peligrosos: comienza a considerar normal que no funcionen. Ese será uno de los mayores obstáculos para reconstruir Venezuela.
Una carretera destruida necesita ingeniería y recursos. Una empresa paralizada requiere capital y administración. Una escuela deteriorada necesita maestros e infraestructura. Pero reconstruir la confianza exige tiempo, coherencia y evidencia cotidiana de que las reglas vuelven a significar algo.
La confianza no puede decretarse ni importarse, se construye cuando el ciudadano comprueba que la misma norma se aplica al poderoso y al débil; que un funcionario no puede apropiarse de una institución; que un juez puede decidir sin preguntar qué desea el gobierno; que un policía protege sin exigir adhesión política; y que perder una elección significa perder temporalmente el gobierno, no perder el país.
Por eso la reconstrucción moral no puede reducirse a campañas de educación cívica ni a discursos sobre buenos y malos ciudadanos. Las sociedades no recuperan valores porque alguien pronuncie discursos sobre moral. Los recuperan cuando las instituciones dejan de castigar las conductas correctas y de premiar las incorrectas.
Si cumplir la ley coloca a una persona en desventaja frente a quien posee contactos, la sociedad aprende una lección. Si decir la verdad tiene costos mientras callar ofrece protección, aprende otra. Si la proximidad al poder abre puertas que el mérito mantiene cerradas, aprende una tercera.
La moral pública tiene, por tanto, una arquitectura institucional. Reconstruirla significa recuperar las instituciones del Estado y devolver autonomía a la sociedad; reconstruir el valor del mérito; recuperar la economía sin volver a hacer depender políticamente al ciudadano del Estado; y restablecer la autoridad distinguiéndola de la obediencia.
La diferencia entre Estado y gobierno deberá convertirse nuevamente en una experiencia real. Quien gane una elección deberá entender que recibe temporalmente el derecho de gobernar, no la propiedad del Estado. Las fuerzas armadas deberán servir a la nación, los funcionarios a las instituciones y los recursos públicos al país, no al proyecto político circunstancial que gobierne.
Venezuela tendrá además que reconstruirse sin sustituir una dependencia por otra. Necesitará inversión, cooperación internacional, asistencia técnica y seguridad. Distintos Estados y actores internacionales tendrán intereses en ese proceso. Eso es normal. El peligro aparece cuando un país debilitado pierde la capacidad de definir los propios.
Reconstruir soberanía significará precisamente recuperar esa capacidad: recibir cooperación sin convertirse en territorio funcional para proyectos ajenos, atraer inversión sin entregar la política económica y mantener relaciones internacionales amplias sin transformar las alianzas exteriores en adhesiones ideológicas.
Pero incluso eso será insuficiente si no se reconstruye al ciudadano, ese será probablemente el trabajo de una generación.
Habrá que recuperar la confianza entre venezolanos separados durante años por diferencias políticas convertidas en enemistades existenciales. Habrá que reconstruir comunidades fragmentadas por la emigración, familias dispersas y generaciones de jóvenes que aprendieron a imaginar su futuro fuera de Venezuela.
Y habrá que aceptar algo incómodo: reconstruir no significa regresar. La Venezuela anterior a esta crisis tampoco era perfecta. Existían desigualdades, corrupción, clientelismo, exclusiones, instituciones debilitadas y un sistema político que había perdido capacidad para responder a una sociedad en transformación. Reconstruir exactamente aquello significaría recuperar también algunas de las condiciones que hicieron posible lo ocurrido después.
La tarea hoy es otra: construir un Estado mejor que el que desapareció y una sociedad más fuerte frente al poder que la que existía antes.
Esa es quizá la principal enseñanza que conecta las experiencias de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El peligro no reside exclusivamente en una ideología, aparece cuando un proyecto político borra los límites entre partido, gobierno y Estado; cuando convierte la lealtad política en condición de ciudadanía y consigue que la supervivencia individual dependa de la relación con el poder.
Ese mecanismo puede llamarse revolución, seguridad, estabilidad, soberanía o defensa frente a enemigos externos. El nombre importa menos que el resultado: una sociedad que pierde sus espacios propios y un Estado que deja de pertenecer a todos.
Por eso el daño antropológico no desaparece el día en que cambia un gobierno. Puede sobrevivir en la desconfianza hacia las instituciones, en el temor aprendido, en la costumbre de buscar un contacto antes que una norma y en la resignación frente a aquello que no funciona.
La reconstrucción moral comenzará cuando esa lógica se rompa: cuando el adversario vuelva a ser adversario y deje de ser enemigo; cuando el funcionario vuelva a ser funcionario y deje de ser militante; cuando la ley vuelva a ser regla y deje de ser instrumento.
Cuando el ciudadano pueda sentir nuevamente que el Estado también le pertenece, ese día Venezuela habrá comenzado realmente a reconstruirse. No solamente porque sus edificios estén nuevamente en pie, porque aumente la producción, regresen inversiones o se estabilice la moneda. Todo eso será indispensable. Pero será apenas la parte visible.
La reconstrucción definitiva ocurrirá cuando una sociedad que durante años aprendió a sobrevivir vuelva a aprender a vivir como ciudadanía. Porque un país puede recuperar su infraestructura mucho antes que su ciudadanía.
Y el daño que no se ve es siempre el último en desaparecer.
[Fuente: Encuentro Humanista]
