Con una estrategia diplomática enfocada en pasar página sin saldar cuentas pendientes, las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dar por “concluido” el expediente referente a la controversial Ley contra las ONG.
En el escrito oficial enviado a la sede del organismo internacional, la representación venezolana omitió responder a las 12 interrogantes formuladas desde 2023 por cuatro relatores especiales en materia de derechos humanos.
Dichas preguntas buscaban evaluar el impacto y los riesgos que este marco legal representa para el libre ejercicio de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en el país.
Justificaciones bajo modelos de control restrictivo
Para argumentar la vigencia del instrumento normativo, la postura oficial sostuvo que los derechos a las libertades de expresión y asociación “no tienen carácter absoluto”.
En su defensa, la vocería gubernamental acudió a un ejercicio de derecho comparado al equiparar las regulaciones nacionales con los marcos legales y de control vigentes en países como Rusia, China y Nicaragua, conocidos por sus restricciones al espacio cívico.
Asimismo, la representación diplomática aseguró ante la ONU que el texto legal fue producto de un “amplio proceso de consultas públicas”.
La afirmación contrasta directamente con las observaciones técnicas emitidas en su momento por los propios relatores del organismo, quienes advirtieron que el proyecto ni siquiera había sido publicado formalmente para el debate ciudadano.
Diversas organizaciones defensoras de los DDHH alertaron que esta respuesta extemporánea no es más que una maniobra para proyectar un supuesto apego formal al multilateralismo, mientras se mantiene intacto el andamiaje jurídico de control.
[Fuente: runrunes]
