Un grupo de 21 organizaciones no gubernamentales solicitó la extensión por dos años de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, frente al 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La exigencia responde a la agudización de la vulnerabilidad ciudadana tras los sismos del 24 de junio y a la permanencia en altos cargos de poder de funcionarios señalados de crímenes de lesa humanidad por la comisión.
El documento publicado este lunes 21 de septiembre, señala que las recientes modificaciones institucionales no han desarticulado el aparato coercitivo del Estado.
“Desde los graves hechos de enero de 2026, se han materializado algunos cambios en la conducta del gobierno venezolano, pero la política de represión se mantiene intacta en sus integrantes, estructuras e instituciones”, precisa el texto suscrito bajo el nombre Renovar el mandato de la Misión.
Complemento clave para la justicia internacional
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue creada en 2019 por la ONU para que las víctimas logren obtener justicia ante la ausencia de vías institucionales a nivel nacional.
Este mecanismo investiga las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas cometidas desde 2014 para aportar evidencias a la Corte Penal Internacional y a tribunales que aplican la jurisdicción universal.
El documento compartido por las ONG señala que el trabajo de estos expertos internacionales permitió delinear las responsabilidades operativas dentro del aparato coercitivo estatal durante los últimos años.
“Entre 2020 y 2026, la Misión ha identificado a un número de personas perpetradoras de rangos medios y altos, cadenas de mando de servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad, y una política de Estado contra la población civil considerada como disidente”, destaca el documento.
Las ONG exigen la restitución simultánea de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, instancia enfocada en el monitoreo amplio y la asistencia técnica reclaman revertir la prohibición gubernamental para garantizar una evaluación exhaustiva sobre el terreno.
“Al ser mandatos distintos y necesarios, los equipos de ambos mecanismos deben poder entrar al país y tener acceso a las víctimas, sus familiares, y personas defensoras de derechos humanos”, detalla la publicación.
Votación decisiva en Ginebra
La resolución que definirá el futuro de esta instancia recae en los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, mediante un proceso de debate programado entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre de 2026.
La iniciativa continental es impulsada por Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, quienes ahora buscan asegurar los votos estratégicos de naciones africanas, asiáticas y europeas.
El bloque cívico considera que mantener este monitoreo internacional permitirá distinguir los verdaderos avances en materia de derechos humanos de las medidas puramente superficiales. “La continuidad de la información que provee la Misión ayudará a guiar a la comunidad internacional, y a actores dentro del país, hacia reformas necesarias que aseguren la reparación y la no repetición de la crisis”, dice el documento.
[Fuente: Efecto Cocuyo]
