Óscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), instó al Estado venezolano a transparentar la información sobre las medidas de excarcelación otorgadas desde el 14 de agosto, debido a que la falta de un registro oficial centralizado distorsiona el alcance de los anuncios institucionales y genera angustia en los familiares.
Durante una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas en el programa Entre Líneas, transmitido por Unión Radio, el vocero de la organización no gubernamental (ONG) propuso crear un portal digital actualizado bajo la dependencia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, donde se especifique la cédula de identidad y el centro de reclusión de cada beneficiario.
“Lamentablemente se repite un esquema que ya hemos visto en otros procesos de anuncio de excarcelaciones, que se puede resolver de una manera muy sencilla, sin generar más revictimización y sin colocar a la población en esta situación de incertidumbre entre la cifra que se anuncia y la que se verifica”, sostuvo Murillo.
En ese sentido, se refirió a la disparidad entre los 131 casos anunciados por voceros gubernamentales y los 81 confirmados por las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Detenciones arbitrarias
Al analizar la condición jurídica de los ciudadanos que abandonan los recintos carcelarios, el representante de Provea remarcó que las personas beneficiadas fueron víctimas de privaciones ilegítimas de libertad, al margen de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal.
“Nos ajustamos al estándar internacional de que son personas detenidas arbitrariamente. ¿Qué significa eso? Que fueron detenidas sin una orden judicial previa, no hubo debido proceso, no tuvieron asistencia a la defensa y han pasado por una situación de privativa ilegítima de libertad”, aseveró.
El activista enfatizó que el término correcto para catalogar las recientes medidas es el de excarcelaciones con medidas restrictivas, para distinguirlas de las liberaciones plenas.
Asimismo, explicó que, incluso en aquellos expedientes donde se decreta el cese del proceso, se registran bloqueos institucionales que impiden a las personas reinsertarse civilmente.
“Llevamos muchos casos registrados y documentados de que no terminan enviándole toda la información a todas las dependencias. Por ejemplo, tenemos personas que tienen libertad plena ante un tribunal, pero no han podido emitir su pasaporte o hacer otros trámites administrativos ante cualquier operador de justicia”, denunció el vocero de Provea.
De igual manera, cuestionó las disputas internas dentro del aparato gubernamental para conceder la libertad plena a la totalidad de los presos políticos, señalando que para algunos sectores o representantes del gobierno encargado, liberar a todos los presos políticos “puede traducirse como una muestra de debilidad”.
“La libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente debería ser el signo mayor precisamente para apuntar hacia la reconciliación”, acotó Murillo.
Discrecionalidad judicial
Con respecto a la garantía del derecho a la defensa en los tribunales del país, el representante de la ONG advirtió sobre la falta de un criterio uniforme para permitir la participación de juristas privados en las causas procesales.
“Hay procesos, pero son discrecionales. Hay circuitos judiciales donde ya hay una orden para que se acepte el abogado de confianza, pero en otros circuitos judiciales no. El problema de haber tenido un sistema de justicia que se ha empleado durante mucho tiempo para perseguir a la disidencia es que funciona más como una herramienta de persecución que como un órgano de acceso a la justicia”, argumentó.
No obstante, el coordinador de Provea reveló que la organización ha constatado una desestimación paulatina de los cargos vinculados a la legislación antiterrorista por parte de la representación fiscal.
“Lo que sí hemos podido verificar es que los fiscales del Ministerio Público, en algunos casos conocidos, han venido desestimando la pena asociada a la ley antiterrorismo. Siguen los procesos, pero en las imputaciones los fiscales están retirando esto. Ha habido en Venezuela en los últimos años prácticamente un kit de represión que incorpora delitos asociados a la ley antiterrorismo, un abuso crónico desnaturalizando el sentido de una norma aprobada en el marco de una lucha global”, resaltó.
A juicio de Murillo, para consolidar las conversaciones políticas que se desarrollan en el país es indispensable avanzar en el desmantelamiento de este sistema, lo cual requiere libertad plena para todas aquellas personas detenidas arbitrariamente y derogar, revisar o modificar todas aquellas leyes que permitieron que estas personas hayan ido a la cárcel sin ningún tipo de garantías.
La Constitución como punto de encuentro
Al abordar el debate sobre los delitos políticos y las leyes especiales, como la Ley contra el Odio, Murillo enfatizó que los delitos de índole política no están contemplados en la Carta Magna de 1999, texto que calificó como el único documento de consenso amplio social para reestructurar el Estado y reparar las violaciones a los derechos humanos.
“Los delitos políticos no existen. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a la Asamblea Nacional lo dijimos. ¿Cuáles son los delitos de los que realmente vamos a hablar? Lo que hemos visto en este episodio reciente es que la Constitución nos protege a todos. Arranquemos de eso, vamos a cumplirla y estamos seguros de que vamos a reducir muchísimo el dolor de la familia venezolana”, afirmó.
Por otra parte, coincidió con la tesis jurídica de que el Comité de Postulaciones Judiciales para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no debe ser controlado por parlamentarios.
“Así es la Constitución, así están las leyes. Esa comisión tiene que estar conformada prácticamente por gente de la sociedad civil, porque así fue el espíritu del constitucionalista que lo dejó plasmado”, apuntó.
Destacó que las organizaciones defensoras de derechos humanos continuarán con la labor de documentar los casos pendientes para exigir la adopción de medidas que garanticen la tutela judicial efectiva y el debido proceso en Venezuela.
[Fuente: El Nacional]
