El sistema penitenciario venezolano se ha consolidado durante el último año como una “fosa común de impunidad”, donde la privación de libertad se ha transformado, en la práctica, en una condena a muerte ejecutada no por las armas, sino por el hambre y la desatención. Según el Informe Anual 2025 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), titulado En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas, la magnitud de la crisis humanitaria intramuros ha alcanzado niveles sin precedentes.

El dato más duro del reporte revela que en 2025 fallecieron 181 personas bajo custodia del Estado. Esta cifra se desglosa en 158 muertes en centros penitenciarios y 23 en calabozos policiales. En términos prácticos, eso significa que en Venezuela murió un preso cada dos días durante todo el año.

Lo que distingue a esta crisis de años anteriores es la causa de los decesos. El informe destaca que 95,57% de las muertes en cárceles (151 de 158 casos) no fueron producto de motines o violencia entre bandas, sino de falta de asistencia médica, desnutrición y condiciones insalubres.

“Hoy, una persona bajo custodia del Estado venezolano puede perder la vida más rápido dentro de una cárcel que en libertad”, denunció Humberto Prado, director del OVP.

Entre las patologías que diezman a la población reclusa destacan las afecciones cardiorrespiratorias (48 casos), respiratorias (39 casos), muchas de ellas agravadas por un entorno de encierro que el informe califica de una “muerte lenta”,  falla multiorgánica (8 casos) y shock hipovolémico (7 casos).

Las causas externas y de carácter violento también se cobraron vidas en los centros penitenciarios. Los hechos violentos representaron 2,53% de los fallecimientos -4 reclusos-, mientras que las muertes accidentales sumaron 1,27% de los casos con 2 decesos, de los cuales uno ocurrió por electrocución y el otro debido a un accidente de tránsito durante traslado de emergencia. Asimismo se registró 1 deceso por presunto suicidio, equivalente a 0,63% del total. A este respecto, el informe destaca con preocupación que el serio deterioro de la salud mental, propiciado por el aislamiento prolongado y los malos tratos, ha incrementado de manera alarmante los intentos de suicidio en centros críticos como Tocorón y El Rodeo I.

En el caso específico de las mujeres, 100% de las muertes registradas (5 fallecimientos) se debió a causas de salud no atendidas oportunamente:

Muertes en 2025 superan la cifra de 2024

En los establecimientos penitenciarios, las muertes pasaron de 105 en 2024 a 158 en 2025, lo que representa aumento de 50,48% en solo un año. La evolución histórica reciente evidencia que las cifras de 2025 superan ampliamente las registradas los tres años previos:

● 2023: 61 muertes.

● 2022: 76 muertes.

● 2021: 126 muertes.

Aunque la cifra es menor que los picos registrados en 2020 (292 muertes) y 2018 (291 muertes), el informe destaca que la crisis se ha vuelto “más compleja y más cruel” debido al uso sistemático del aislamiento.

Causas de muerte: la salud como factor crítico

La diferencia más alarmante respecto a años anteriores es el porcentaje de muertes atribuidas a condiciones de salud (falta de atención médica, desnutrición e insalubridad):

● En 2025: 95% de las muertes fueron por motivos de salud (151 de 158).

● En 2024: fue 62%.

● En 2023: fue 51%.

Comparativa histórica: en 2017 y 2018, las muertes por motivos de salud representaban solo 20% y 14%, respectivamente, lo cual demuestra que el sistema ha pasado de una violencia física predominante a una “muerte lenta” por desatención estatal.

El 2025 también estuvo marcado por la represión poselectoral. El OVP registró la muerte de 4 presos políticos durante ese período, elevando a 26 el total de fallecidos en este grupo desde 2015. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Víctor Quero Navas, cuya muerte tras meses de desaparición forzada consternó al país.

El informe documenta la consolidación de estructuras de control opacas como el Sesmas (Servicio de Sistema de Máxima Seguridad), grupo de funcionarios encapuchados que ejercen el “psicoterror” mediante golpizas, colgamientos y aislamiento prolongado, el cual, en casos como el de Américo De Grazia y Freddy Superlano, ha superado los 365 días. Asimismo se denuncia la aplicación del sistema nazi Sippenhaft, mediante el que se detiene u hostiga a familiares para presionar a los perseguidos políticos.

Hacinamiento crítico y el colapso de la dignidad

La infraestructura carcelaria es un factor determinante en esta mortalidad. Con población de 26.694 reclusos hacinados en espacios diseñados para apenas 15.096, el sistema enfrenta hacinamiento crítico de 176,83%.

Mientras que estándares internacionales de la Corte IDH sugieren espacio de 7 m² por persona, en Venezuela se ha documentado que los reclusos disponen de menos de un metro cuadrado para moverse, sentarse o dormir.

Esta sobrepoblación obliga a los presos a sobrevivir en condiciones infrahumanas:

● Espacio vital: en recintos como Yare II y III, se han documentado celdas de 3×3 metros donde conviven hasta 13 personas, disponiendo de menos de un metro cuadrado para moverse o dormir.

● Alimentación como castigo: la dieta se limita a granos y harinas, careciendo totalmente de proteínas o vitaminas. El informe denuncia que el Estado utiliza el hambre como mecanismo de control, llegando incluso a suministrar alimentos con exceso de picante para ocultar su descomposición, lo que provoca graves dolencias gastrointestinales.

● Agua y sanidad: el acceso al agua potable es casi inexistente; los reclusos deben racionar agua turbia o salada para beber y asearse en el mismo espacio donde utilizan letrinas improvisadas con desechos estancados.

● Deterioro de la salud física y mental: el hacinamiento, sumado a la mala ventilación y la falta de luz solar, compromete gravemente la integridad psicológica y física. El entorno de encierro se convierte en factor de tortura psicológica y desatención médica sistemática, pues el exceso de población imposibilita respuesta estatal efectiva ante emergencias o enfermedades crónicas.

● Imposibilidad de clasificación y reinserción: la sobrepoblación impide separar adecuadamente a los reclusos según su edad, situación jurídica o perfil. Esto no solo debilita la gobernabilidad institucional, sino que incrementa la exposición a la violencia intracarcelaria y anula cualquier posibilidad de reinserción social, convirtiendo la prisión en un espacio de simple contención y castigo.

● Impacto en los calabozos policiales: esta crisis se extiende a los centros de detención preventiva, donde personas permanecen meses o años en espacios diseñados para 48 horas, lo que el informe califica de “verdaderos centros de tortura prolongada” debido al hacinamiento extremo y la nula atención médica.

Mujeres y grupos vulnerables: la invisibilidad del dolor

La situación de las mujeres es igualmente alarmante. Aunque representan 9,53% de la población penal, 100% de las muertes femeninas registradas en 2025 se debió a causas de salud no atendidas. El sistema carece de espacios para maternidad, atención ginecológica o programas educativos, y las requisas a las visitantes femeninas suelen incluir prácticas vejatorias como desnudos forzados y sentadillas frente a los custodios.

La crisis penitenciaria es descrita como el resultado de una omisión deliberada de cinco instituciones clave: Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Servicio Penitenciario y Asamblea Nacional. Humberto Prado señala que estas instituciones operan bajo una lógica según las cual “uno no ve, el otro no oye y el otro no habla”, mientras la opacidad informativa se convierte en la política oficial para ocultar la magnitud del desastre.

Tras cantar el Himno Nacional, 1.200 hombres y más de 100 mujeres privadas de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba) se declararon en huelga.

Los hombres y mujeres se mantienen sobre las torres alzando la voz para reclamar sus derechos.

A pesar de que existen 11.142 plazas no aprovechadas debido al desalojo de centros como La Pica, Yare I y Vista Hermosa, el Estado mantiene el hacinamiento extremo en los centros operativos, incumpliendo incluso las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida de los presos.

De acuerdo con el Informe Anual 2025 del Observatorio Venezolano de Prisiones, la distribución de los centros penitenciarios en Venezuela muestra marcada desigualdad regional y de género. El país registra un total de 52 centros de reclusión, aunque solo 39 de ellos se mantuvieron operativos durante el período evaluado.

¿Cómo se distribuyen los centros penitenciarios por región en Venezuela?

La distribución detallada por regiones es la siguiente:

Para la población masculina (26 establecimientos). La infraestructura para hombres se distribuye así:

● Región oriental: 6 centros.

● Región occidental: 5 centros.

● Región capital: 5 centros.

● Región central: 4 centros.

● Región de los llanos: 3 centros.

● Región andina: 3 centros.

Para la población femenina (13 establecimientos). La oferta para mujeres es significativamente menor y se encuentra más dispersa:

● Región occidental: 3 centros.

● Región capital: 2 centros.

● Región central: 2 centros.

● Región de los llanos: 2 centros.

● Región andina: 2 centros.

● Región oriental: 2 centros.

Características de la distribución

● Concentración por género: el sistema está masivamente volcado hacia la población masculina, con 39 centros dirigidos exclusivamente a hombres. En contraste, para las mujeres solo existe una cárcel exclusiva en todo el país, además de un internado judicial masculino destinado a ellas y 11 centros que operan con anexos femeninos.

● Desigualdad en infraestructura: la diferencia numérica entre los centros para hombres (26) y mujeres (13) refleja falta de atención a las necesidades específicas de género, pues el Estado no ha creado nuevas infraestructuras adaptadas para la población femenina.

● Opacidad y desorden: el informe destaca que el mapa penitenciario es desorganizado y poco apegado a lineamientos oficiales. Algunos centros que figuraban en registros anteriores han dejado de aparecer sin explicación, y otros centros bajo custodia de organismos de inteligencia (Dgcim y Sebin) no han sido transferidos al Ministerio Penitenciario como ordenan decretos presidenciales de 2021, lo que mantiene estas zonas fuera del esquema regular.

¿Cuáles son las cárceles con mayor hacinamiento?

Aunque el reporte no ofrece lista completa de porcentajes por cada recinto, destaca los siguientes casos:

● Internado Judicial El Rodeo II: se documentó nivel de hacinamiento de 122%, al albergar aproximadamente a 1.220 reclusos en instalación con capacidad para solo 550 personas.

● Cárceles de Yare II y Yare III: aunque no se especifica porcentaje global para estos centros, se documentó hacinamiento extremo en áreas específicas. Por ejemplo, en celdas de castigo de 3×3 metros, diseñadas para un espacio mínimo, llegaron a convivir hasta 13 personas, cuando en condiciones “normales” (en el mismo penal) ya se encontraban seis personas en ese espacio reducido.

● Calabozos policiales: el informe advierte que estos centros de detención preventiva, diseñados para permanencias de máximo 48 horas, presentan hacinamiento extremo debido al colapso del sistema, convirtiéndose en lugares de reclusión permanente donde miles de personas viven en condiciones degradantes. El informe concluye con esta advertencia: mientras persista la falta de voluntad política para humanizar las prisiones y devolver la autonomía a la justicia, las cárceles venezolanas seguirán funcionando no como centros de reinserción, sino como depósitos de seres humanos donde la muerte por negligencia es la regla y no la excepción.

[Fuente: Correo del Caroní]