La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— volvió a solicitar formalmente a Venezuela la autorización para realizar una visita “in loco” al país para observar de forma directa la situación de los derechos humanos, especialmente las condiciones de detención de las personas privadas de libertad por motivos políticos tras el fraude electoral de 2024.
La petición fue formulada mediante una carta oficial enviada el pasado 4 de febrero al Ministerio de Relaciones Exteriores, en seguimiento a una solicitud previa presentada en septiembre de 2025. La visita, según el organismo, permitiría recoger información de primera mano sobre casos de detención política y examinar condiciones carcelarias que no pueden verificarse a distancia.
“El objetivo de la visita es observar en terreno la situación de derechos humanos; en particular, las condiciones de detención de las personas que están o estuvieron privadas de libertad por motivos políticos en el contexto del proceso electoral de 2024”, indicó.
Ya el pasado 8 de febrero, el organismo había expresado su interés en hacer una visita in loco en territorio venezolano tras anunciarse la discusión de una ley de amnistía y el cierre como cárcel de El Helicoide.
Compromiso con la transición democrática
La comisión señaló asimismo que la anuencia del Estado venezolano a la visita “será una muestra de su apertura al escrutinio internacional y su compromiso con la transición democrática y los derechos humanos”.
La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos, ha solicitado en reiteradas ocasiones autorización para ingresar al país desde mediados de la década de 2000, especialmente ante el deterioro de la crisis política, social y económica.
Entre los asuntos que ha buscado constatar figuran denuncias sobre restricciones a libertades fundamentales, uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, persecución a opositores y condiciones de reclusión.
Ante la falta de autorización para realizar una visita in loco, la CIDH ha continuado el monitoreo de la situación venezolana mediante informes especiales, audiencias públicas, otorgamiento de medidas cautelares y encuentros con víctimas y organizaciones de la sociedad civil en países vecinos.
Las autoridades venezolanas han mantenido su negativa a permitir la visita bajo el argumento de que no reconocen la legitimidad del organismo tras su retiro de la OEA en 2019.
[Fuente: El Nacional]
