La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó este domingo su “profunda consternación y dolor” por la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas y cuestionó duramente la actuación de las instituciones del Estado venezolano en el manejo del caso.
En un comunicado difundido en el marco del Día de las Madres 2026, el organismo eclesiástico señaló que esta fecha nació históricamente “como un grito por la paz” y por la defensa del derecho de las madres “a conservar a sus hijos vivos y sanos frente a la crueldad de la violencia y de la guerra”.
La Comisión aseguró haber evaluado informes de organizaciones de derechos humanos, medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recientes pronunciamientos oficiales sobre el caso de Quero Navas, cuyo fallecimiento fue confirmado por el Estado venezolano casi diez meses después de ocurrir.
“La dignidad humana no desaparece tras las rejas”
La instancia de la Iglesia católica manifestó su solidaridad con Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero, a quien describió como símbolo del sufrimiento de numerosas familias venezolanas que buscan respuestas sobre sus seres queridos detenidos.
“Acompañamos en oración y duelo a la señora Carmen Navas, madre de Víctor, quien personifica el viacrucis de tantas familias venezolanas. Su incansable búsqueda, marcada por el hostigamiento y la incertidumbre, es un grito que clama al cielo”, expresó el comunicado.
Asimismo, recordó que el respeto a la dignidad humana debe prevalecer incluso dentro de los centros penitenciarios y subrayó que el Estado tiene la obligación moral y jurídica de garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de libertad.
“La dignidad humana no desaparece tras las rejas”, afirmó la Comisión, citando principios de la Doctrina Social de la Iglesia y del Concilio Vaticano II.
El organismo calificó además como “moralmente inaceptable y jurídicamente alarmante” que el Estado venezolano suministrara información contradictoria a la familia mientras Quero Navas ya había fallecido bajo custodia desde julio de 2025.
Exigen auditoría internacional y aplicación del Protocolo de Minnesota
La Comisión de Justicia y Paz también cuestionó el proceso de exhumación realizado recientemente y alertó sobre la aparente ausencia de peritos independientes durante las experticias forenses.
Por ello, exigió que las investigaciones sean auditadas bajo los estándares del Protocolo de Minnesota, instrumento internacional utilizado para investigar muertes potencialmente ilícitas y violaciones de derechos humanos.
“Es imperativo que expertos internacionales validen los hallazgos para esclarecer la verdad, determinar responsabilidades penales por la desaparición forzada y detener la crueldad institucional”, señaló el documento.
La Iglesia venezolana exhortó igualmente al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a actuar con “verdadera autonomía e independencia” para esclarecer responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios involucrados en el caso.
El pronunciamiento concluyó reivindicando que “la paz auténtica solo puede ser fruto de la justicia” y advirtió que no puede existir reconciliación social mientras “la vida humana se diluye en la opacidad burocrática”.
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[Fuente: El Impulso]
