Una investigación “independiente, transparente e inmediata” exigió el Consejo Universitario (CU) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) al Ministerio Público y demás órganos competentes, con el fin de determinar responsabilidades por el “ocultamiento de información oportuna sobre la detención y posterior fallecimiento de Víctor Quero”, preso político detenido en enero de 2025 por efectivos policiales y quien murió bajo custodia del Estado, después de más de un año de desaparición forzada.
Así lo hizo público la máxima instancia de gobierno colegiado de la casa de estudios jesuita en un comunicado, difundido este lunes 18 de mayo, en el que condenó “la opacidad institucional y la falta de respuesta oportuna” relacionada con este caso, así como el “trato indolente” hacia la madre de Quero, Carmen Navas, a quien las autoridades negaron reiteradamente información sobre el paradero de su hijo.
De acuerdo con la universidad, la señora Navas fue víctima de un “perverso mecanismo de desinformación y dilación que la sometió por más de un año a una situación de desgaste emocional e indefensión institucional”.
El pasado 7 de mayo y después de 16 meses, el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó a Navas que su hijo murió el 24 de julio de 2025, es decir, nueve meses antes, en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, 10 días después de ser trasladado a ese centro asistencial desde la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, donde se encontraba detenido desde el 3 de enero de ese año.
Según el Ministerio, Quero falleció debido a una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria por tromboembolismo pulmonar” y fue enterrado por el Estado porque durante su reclusión «no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal».
La señora Navas, de 82 años, murió el domingo 17, poco más de una semana después de recibir la noticia y enterrar a su hijo.
La UCAB rechaza «persistente privación de libertad por motivos políticos»
La Universidad Católica Andrés Bello, que basó su pronunciamiento en las atribuciones que le confiere la Ley de Universidades, dijo que “tiene el deber ineludible de velar por el respeto a la dignidad humana, la vigencia de los derechos fundamentales y el restablecimiento de los valores democráticos en el país”.
Agregó que, como institución fiel a la doctrina social de la Iglesia y a los valores ignacianos que la sustentan, “no puede dejar de alzar su voz frente a hechos como los padecidos por la familia Quero Navas”.
En el documento, el Consejo Universitario alertó que este caso no es un hecho aislado, sino que constituye un “patrón de desinformación y opacidad burocrática que vulnera el derecho a la verdad y somete a los familiares de las víctimas a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
En este sentido, acordó “expresar su rechazo a la persistente situación de privación de libertad por motivos políticos en el país y exhortar a las autoridades a su liberación inmediata y al pleno restablecimiento del Estado de Derecho y las garantías judiciales”.
Entre otros temas, el CU de la UCAB denunció que el Estado de derecho en Venezuela “atraviesa un sistemático proceso de debilitamiento, por la falta de independencia del Poder Judicial, la ausencia de las debidas garantías procesales y la vulneración sistemática del principio constitucional del debido proceso”.
También advirtió que la existencia de ciudadanos privados de libertad por motivos políticos “contradice los pilares de justicia y paz social a los que legítimamente aspira el pueblo venezolano”, y que la desaparición forzada de personas viola la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país.
Finalmente, el Consejo Universitario de la UCAB hizo llegar sus condolencias a los familiares y allegados de la familia Quero Navas, “elevando una oración por el descanso eterno de quienes fueron víctimas de la injusticia institucional».
Además, reafirmó su compromiso «con el acompañamiento a las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia”.
El comunicado íntegro, suscrito por el rector Arturo Peraza, S.J., y la secretaria general, Magaly Vásquez, está disponible haciendo clic aquí:
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♦Texto: Efraín Castillo/Foto: Manuel Sardá
