La organización SOS Orinoco ha presentado una denuncia técnica que vincula directamente la expansión de la minería ilegal en la cuenca del río Caroní con la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El informe advierte que la destrucción de los ecosistemas en el estado Bolívar no es solo un desastre ecológico, sino la causa principal de la pérdida de eficiencia en las represas que suministran energía a todo el país.
El impacto técnico: Sedimentación y ecocidio en el Caroní
De acuerdo con SOS Orinoco, la actividad minera utiliza métodos hidráulicos que remueven toneladas de tierra, las cuales terminan depositándose en los fondos de los embalses. Esta sedimentación reduce la vida útil de las turbinas en centrales como el Guri, Macagua y Caruachi.
Bajo la perspectiva de la ecología integral, este fenómeno demuestra que el daño a la Amazonía tiene consecuencias sociales devastadoras. La deforestación de las riberas altera el ciclo del agua, provocando que los ríos pierdan su capacidad de regular caudales, lo que deja al sistema eléctrico a merced de sequías cada vez más severas y prolongadas.
Vulneración de derechos y justicia social
Para la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), este escenario es un reflejo del «modelo de descarte» que prioriza la extracción de oro sobre la vida de las comunidades. La minería ilegal no solo compromete la electricidad de las ciudades, sino que envenena las fuentes de agua de los pueblos indígenas y desplaza a las poblaciones originarias de sus territorios ancestrales.
El informe de SOS Orinoco recalca que la crisis eléctrica es un síntoma de la falta de soberanía ambiental. La responsabilidad estatal en la omisión de la vigilancia del Arco Minero ha permitido que grupos irregulares destruyan el «pulmón» hídrico de Venezuela, afectando la dignidad y la calidad de vida de millones de venezolanos que hoy sufren racionamientos eléctricos constantes.
Un llamado a la protección de la Casa Común
La conclusión del organismo es clara: no habrá estabilidad eléctrica en el país sin una restauración inmediata de la cuenca del Caroní. La defensa de la Casa Común se convierte así en una prioridad de seguridad nacional, exigiendo el cese de las actividades extractivas en zonas protegidas para garantizar un futuro sostenible y justo para todos los territorios.
[Fuente: REPAM]
