Las denuncias sobre personas que desaparecieron sin dejar rastro tras ser interceptadas por cuerpos de seguridad del Estado han cobrado fuerza en Venezuela. Mientras cientos de presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas, familiares y organizaciones de derechos humanos advierten que aún persisten casos de desaparición forzada cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero se han contabilizado más de 670 excarcelaciones en centros de reclusión del país por razones políticas.
Este flujo de liberaciones, impulsado en parte por la aplicación de la ley de amnistía promulgada el 18 de enero, ha permitido que cientos de personas se reencontraran con sus familias. Sin embargo, detrás de las cifras de libertad persiste una interrogante que las organizaciones de derechos humanos califican de “una herida abierta”: el destino de quienes han sido víctimas de desaparición forzada.
En estos casos no existe registro de ingreso en centros de detención oficiales, no hay acceso a defensa privada y las autoridades niegan tener conocimiento de su paradero.
“¿Qué pasa con aquellos de quienes nadie sabe nada?”, es la pregunta que resuena entre familiares de estos presos.
Expertos legales señalan que, aunque la ley de amnistía ha beneficiado a un grupo considerable, no puede ser utilizada para ignorar casos de detenciones arbitrarias que terminaron en desapariciones.
Desaparecidos
Entre los nombres que salen a relucir figuran Esneider y Elieser Vergel, desaparecidos desde 2015; Alcedo Mora, también desaparecido en 2015; Hugo Marino, en 2019, y Víctor Quero, en 2025.
La madre de Víctor Quero, Carmen Teresa Navas, se ha convertido en una voz fuerte que exige el retorno de su hijo. La mujer, de 81 años de edad, asegura que su hijo es un preso político del régimen venezolano. Según el relato de la madre, Quero fue detenido el primero de enero de 2025 en Caracas, a media cuadra de la Vicepresidencia, por supuestos funcionarios vinculados a un policía con quien Navas asegura que su hijo tuvo un conflicto personal.
La mujer asegura que su hijo está detenido por razones políticas, pero desconoce su paradero, pese a haber acudido a las instituciones del Estado sin obtener respuesta.
La madre participa en las vigilias y manifestaciones que se realizan en Caracas en favor de los presos políticos. También recorre constantemente centros de reclusión en busca de información, pero no obtiene respuesta.
Organizaciones nacionales e internacionales han instado al Estado a publicar un registro transparente y unificado de las detenciones efectuadas bajo operativos especiales. Para las familias de los desaparecidos, las excarcelaciones reportadas por el Foro Penal son una esperanza de ver a sus familiares.
Denuncian atropellos de la policía
Por casi dos meses, los familiares de los presos políticos se han mantenido en vigilia a las afueras de centros de reclusión, como en la llamada Zona 7.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que los policías tendrían la intención de ordenar el retiro de las carpas donde acampan los familiares.
“El desmantelamiento del campamento de familiares en Boleíta sería ejecutado por efectivos de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esto pese a que aún pernoctan en el lugar personas que esperan la libertad de sus seres queridos”, indicó la ONG.
Señaló que la acción se produciría tras la disminución del número de familias en la zona.
[Fuente: GDA | El Tiempo | Colombia]
