El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó el jueves 10 de septiembre un informe en el que detalla que 7.414 personas permanecen detenidas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Venezuela.
La organización no gubernamental (ONG) alertó que, legalmente, en las instalaciones policiales solo se deben realizar detenciones preventivas en sus calabozos. Sin embargo, muchos de estos espacios se han convertido en “cárceles paralelas” en el país.
De acuerdo con el OVP, estas 157 instancias del CICPC se dividen en 24 entidades federales y 133 delegaciones municipales, coordinaciones, divisiones y otras dependencias.
Además del tiempo que los detenidos permanecen en estas instalaciones, a los integrantes del observatorio les preocupa la cantidad de personas que son privadas de libertad en esos espacios. Un mapa publicado por la ONG muestra estados en los que incluso hay entre 250 y 500 personas detenidas solo en dependencias del cuerpo policial.
“En 2011, tras la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, la ministra Iris Varela suspendió el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles sin su autorización. 15 años después, los calabozos policiales continúan asumiendo el rol de cárceles”, señaló el OVP en una publicación de X sobre el informe.
Detalles de la población privada de libertad
El OVP detalló que la mayor parte de la población privada de libertad en las dependencias del CICPC tienen edades entre los 26 y 45 años, representando 56,7 % del total de los detenidos, es decir, 4.205 personas.
La organización destacó una mayor concentración de adultos jóvenes en los centros de detención preventiva, acumulando un total de 2.482 personas de entre 26 y 35 años de edad, lo que representa 33,5 %. Los detenidos de entre 36 y 45 años de edad representan 23,2 % del total, con un cifra de 1.723.
Entre los rando etarios extremos, el OVP identificó a 17 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad (0,2 % del total) y a 181 adultos mayores de 85 años (2,4 %).
Adicionalmente, el informe señala que 914 de los detenidos son mujeres, lo que equivale a 12,3 % del total.
Humberto Prado, director general del OVP, denunció que las condiciones de algunos de estos centros de detención ponen en riesgo la vida de los privados de libertad. Acotó que el derecho a la vida es fundamental y que el Estado debe ser garante de ese derecho para quienes están bajo su custodia.
“Las autoridades se equivocan y se equivocan, y quienes siguen sufriendo son las personas privadas de libertad y sus familiares. Eso es responsabilidad de los encargados de la materia penitenciaria”, agregó Prado en la presentación del informe.
Castigo anticipado
El OVP alertó que la detención preventiva en calabozos policiales se ha convertido en una especie de “castigo anticipado” para quienes sufren además de retardo procesal.
De la cifra de detenidos obtenida por la organización, se detalló que 6.518 de estás personas estarían en la condición de procesados, mientras que solo 896 de los privados de libertad ya cuentan con una condena.
De las mujeres detenidas, se calcula que 766 son procesadas y 148 ya tienen una condena. Esto significa que 83,8 % de ellas sigue detenida sin una pena judicial.
El informe aclara que precisamente el retardo judicial es uno de los factores que perpetúa a los calabozos como centro de detención por tiempo indefinidos. El OVP estima que el tiempo promedio de reclusión en estas instalaciones ronda los 615 días.
[Fuente: El Diario]
