Pese a que agosto arrojó el número más bajo de casos del año, la ONG advirtió que esto no refleja una mejora en las condiciones para ejercer el periodismo en el país
La organización no gubernamental Espacio Público informó que en Venezuela se han registrado al menos 170 violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto de este año.
De acuerdo con el boletín mensual de la ONG, en agosto se sumaron tres nuevos casos y seis violaciones adicionales. Precisaron, además, que en lo que va del año se contabilizan al menos 107 violaciones al derecho a informar.
Las cinco víctimas identificadas por Espacio Público durante agosto fueron periodistas o reporteros, y el único victimario plenamente identificado en el mes fueron los cuerpos de seguridad controlados por el gobierno de Delcy Rodríguez, aunque se registraron «otros dos victimarios que las víctimas no lograron reconocer».
Pese a que agosto arrojó el número más bajo de casos del año, la ONG advirtió que esto no refleja una mejora en las condiciones para ejercer el periodismo. «Es el registro más bajo del año; sin embargo, la cifra no describe un mes de menos restricciones, sino un mes en el que buena parte de lo que limitó el derecho a informar no se expresó en hechos individuales denunciables, sino en decisiones institucionales, opacidad y acuerdos adoptados sin información pública», afirmó la ONG.
Censura
El primer caso del mes ocurrió el 6 de agosto en La Carlota, en Caracas, cuando una periodista del medio Efecto Cocuyo cubría la instalación de la mesa de diálogo entre integrantes de la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno interino.
Se reportó que funcionarios sin identificación la acorralaron, amenazaron y obligaron a borrar todo el material audiovisual que había registrado. Días después, el 13 de agosto, El Nacional denunció que Instagram había suspendido su cuenta desde el 26 de julio por denuncias fraudulentas de infracción de derechos de autor, dejando sin ese canal a más de cuatro millones de usuarios.
Para Espacio Público, este episodio no es un hecho aislado. «El caso repite el patrón que ya afectó a Armando.Info y El Pitazo: un mecanismo legítimo de protección de derechos convertido en herramienta de censura. Ocurre además sobre un escenario en el que más de 60 medios digitales siguen bloqueados por Conatel por vía administrativa, sin decisión judicial ni posibilidad de apelación», agregó la ONG.
La organización también reiteró que el gobierno de Rodríguez mantiene una postura de opacidad al no publicar información sobre el impacto de los terremotos ocurridos en junio ni sobre los planes para restablecer el sistema eléctrico, un punto que ha sido mencionado como parte de los mecanismos de reparación hacia la democracia.
A esto se suma un hallazgo divulgado por Espacio Público el 17 de agosto: el 70% del personal sanitario admite temor a reportar la situación por amedrentamiento. Un 60% de los hospitales deniega el acceso a medios independientes bajo “órdenes superiores” ejecutadas por cuerpos de seguridad y milicias, mientras que el 90% mantiene bajo reserva las compras de emergencia y asignaciones presupuestarias.
Al cierre del balance acumulado del año, Espacio Público detalló el peso de cada tipo de violación y el perfil de víctimas y responsables.
«En lo que va de 2026 acumulamos 170 violaciones, con la intimidación (47,65 %) y la censura (25,29%) en primer y segundo lugar de frecuencia. De las 122 víctimas, 70 son periodistas o reporteros (57,38%), y entre los 104 victimarios los cuerpos de seguridad concentran casi la mitad (50,48,08 %), seguidos por instituciones del Estado (20,19,23 %)», reportó la organización.
[Fuente: El Nacional]
