Después de más de una década de emergencia humanitaria compleja, deterioro institucional, reducción presupuestaria y colapso progresivo de los servicios públicos, millones de personas en Venezuela dependen de una red sanitaria debilitada que lucha diariamente por responder a necesidades cada vez mayores. Lograr en el futuro la reconstrucción del sistema de salud significa uno de los mayores desafíos que podría enfrentar la nación en los próximos años.
Un informe de HumVenezuela en 2025 reveló que 94,6% de la población depende exclusivamente del sistema sanitario público, una cifra superior a lo registrado en 2024, cuando se ubicó en 87,1%. Sin embargo, esta mayor afluencia de personas a los centros de salud dependientes del Estado no se traduce en capacidad de atención: 45,6% de los ciudadanos no fue atendido al acudir a hospitales; 64,1% en ambulatorios; 60,5% en clínicas populares; 72,4% en la Misión Barrio Adentro y 64,8% en Centros de Diagnóstico Integral (CDI).
La organización estima, además, que 18,2 millones de personas presentan privaciones relacionadas con la salud y que 5,5 millones se encuentran en situación de necesidades severas, luego de pasar al menos seis meses sin recibir atención médica pese a padecer condiciones graves. Estas cifras revelan que, mientras más venezolanos dependen del sistema público, menor es la capacidad de respuesta de ese mismo sistema.
La situación no solo afecta a quienes requieren tratamientos complejos. También impacta a pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas que necesitan atención preventiva.
Pese a la gravedad de la crisis, en 2025 se asignó al sector salud solo 4,24% del presupuesto público, lo que representó un recorte de 28,03% respecto a 2024, acumulando tres años consecutivos de caída presupuestaria, según cifras de Transparencia Venezuela.
Hasta 2025, según HumVenezuela, se habían suspendido o cerrado 60% de los servicios en 296 hospitales, 80% en 421 ambulatorios especializados y 90% en 17.029 centros de atención primaria por falta de personal, insumos, medicinas o equipos. Los estados con mayor población privada de servicios de salud el año pasado fueron Amazonas (94,1%), Anzoátegui (82,7%), Lara (80,0%), Portuguesa (78,0%) y Trujillo (73,6%).
Las fallas en los servicios básicos también forman parte de la crisis hospitalaria venezolana. El 72,4% de los centros de salud carece de suministro regular de agua, 61,9% no dispone de electricidad constante y 68,5% tiene problemas de higiene en los servicios. A ello se suma la ausencia de políticas permanentes de mantenimiento a la infraestructura y actualización de equipos médicos.
En cuanto al índice de desabastecimiento, 88,5% de las personas que acudieron a centros de salud entre 2024 y 2025 reportó falta de insumos médicos, 89,8% de medicamentos y 87,7% de equipos médicos. Además, 88,1% también reportó que los servicios no disponían de laboratorios; 84% de los hospitales no tiene operativo el servicio de tomografía o resonancia magnética y 36% carece de equipos de rayos X funcionales.
Para el cierre de la primera mitad de 2024, la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), que realiza Médicos por la Salud en 40 hospitales del país, registró 450 muertes por infarto y 304 por trauma atribuidas a carencias del hospital y no a la condición del paciente. Según el personal en los hospitales, la mayoría de estas muertes se debió a falta de medicamentos necesarios para poder atender a los pacientes.
Para los especialistas, revertir esta realidad exige una transformación estructural que va mucho más allá de la recuperación física de hospitales.
Las causas de un deterioro prolongado del sistema de salud
El andamiaje legal de la salud en Venezuela descansa sobre los artículos 83 y 84 de la Constitución de 1999, que definen la salud como un derecho social fundamental y una obligación ineludible del Estado vinculada al derecho a la vida. No obstante, a más de un cuarto de siglo de la aprobación de la Carta Magna, el Estado ha incurrido en una omisión legislativa histórica al no promulgar una Ley Orgánica de Salud que adecúe las estructuras y políticas al mandato constitucional, lo que ha permitido que el sistema opere bajo criterios de fragmentación, alejándose de los principios de gratuidad, universalidad y descentralización que deberían regir la arquitectura sanitaria del país.
Pedro Javier Fernández, miembro de Médicos Unidos de Venezuela, especialista en gestión y control de la administración pública y en gerencia de la salud pública, identificó tres factores fundamentales detrás de la crisis del sistema de salud. El primero es la corrupción y el manejo ineficiente de los recursos. «El sector salud se utilizó como una caja chica, un modelo de financiamiento de corrupción donde era más fácil disfrazar la corrupción como gasto social», afirmó en declaraciones a El Nacional.
Ante esto, Fernández propuso una gestión abierta de hospitales, donde los venezolanos puedan estar conscientes de qué es lo que entra y qué es lo que se necesita para cada procedimiento. Para ello, consideró necesario establecer mecanismos de control que permitan rastrear el uso de insumos y recursos.
Como segundo factor, el también activista definió lo que denomina «hospitalocentrismo»: un modelo enfocado casi exclusivamente en los hospitales, mientras se dejó de lado la atención primaria. «Empezamos a hablar solamente de atención en hospitales y nos olvidamos por completo de la red primaria, que es donde se mantiene a la persona sana», señaló al explicar que el sistema dejó de prevenir enfermedades para concentrarse únicamente en atender pacientes cuando ya presentan complicaciones.
La tercera causa es la designación de personas sin la preparación necesaria para administrar instituciones sanitarias.
«Se pusieron en los puestos de administración de salud personas que no tenían el conocimiento para administrar y cayeron en un voluntarismo vacío», indicó.
Mauro Zambrano, coordinador general de Monitor Salud y dirigente sindical del sector, coincidió en varios de estos diagnósticos y añadió otros factores que han agravado el deterioro. Entre ellos menciona la excesiva centralización administrativa, la fragmentación institucional y la ausencia de políticas de mantenimiento.
«La centralización es un grave problema. Ya los hospitales no tienen presupuesto y eso nos ha ocasionado problemas muy graves porque un director de hospital queda como un simple gestor», señaló e insistió en que las instituciones de control deben recuperar independencia, mientras que las denuncias deben investigarse y generar consecuencias reales.
Entre 2008 y 2020, el Ejecutivo implantó un sistema de autoridades únicas de salud designadas por decreto, eliminando la autonomía de las regiones. Asimismo, desde 2013, la arquitectura del sistema incorporó una gestión cívico-militar a través de los denominados Estados Mayores de Salud, lo que ha comprometido la rectoría civil de las instituciones y la transparencia pública en la administración de recursos. Esta configuración ha generado, además, una alta dependencia externa de la cooperación bilateral, principalmente con Cuba, para la formación de personal y la dotación de insumos básicos.
El informe anual publicado por la ONG Provea también alertó que el sistema se ha reconfigurado bajo la nomenclatura de la Misión Barrio Adentro y los Planes de la Patria, que funcionan como leyes político-doctrinarias en lugar de reformas técnicas. Actualmente, el sistema se organiza en tres niveles: la Red Comunal (consultorios populares), la Red Ambulatoria Especializada (clínicas populares) y la Red Hospitalaria, todas integradas territorialmente en las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC). Estas unidades son coordinadas por equipos que mezclan funciones de salud pública con tareas sociopolíticas y de seguridad, bajo la supervisión de organizaciones afines a la doctrina estatal, como los consejos comunales.
Cuando enfermarse significa pagar
La realidad del sistema de salud público obliga a los pacientes a financiar gran parte de su atención médica. La ENH reveló que 91% de los centros de salud solicita insumos a los pacientes para poder ingresar a quirófano.
Además, solo 7% de las personas obtuvo medicamentos de forma gratuita. Más de la mitad tuvo que comprarlos completamente por cuenta propia, de acuerdo con datos obtenidos por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025.
Para Zambrano, esta situación ha generado una privatización de facto.
«La salud está privatizada en niveles muy altos. Tienes que comprar absolutamente todo», afirmó.
Los procedimientos realizados dentro de hospitales públicos implican gastos considerables para las familias. «Una operación de apéndice te cuesta más de mil dólares en un hospital», aseguró el líder sindical.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, los usuarios deben pagar entre 300 y 400 dólares para acceder a ciertos servicios hospitalarios debido a la falta de insumos médicos, además de colaborar con dinero al personal por los precarios salarios.
A esto se suma que, según HumVenezuela, 97,4% de la población no goza de seguros privados o públicos para gastos de enfermedad o maternidad, 52,9% no tiene ingresos suficientes para pagar la medicina privada y 34,5% debe sacrificar los gastos de salud para alimentarse o para pagar el acceso a otros bienes y servicios, lo que incrementa la dependencia del sistema público de salud.
La consecuencia es que muchas personas postergan consultas, se automedican o abandonan tratamientos. Encovi reportó que 25% de quienes no acudieron a una consulta médica optó por automedicarse.
La grave crisis del sector salud ocurre en un momento en el que 22,5% de la población venezolana tiene problemas de salud crónicos (hipertensión, diabetes y problemas respiratorios crónicos) y 30,5% problemas de salud agudos (infecciones respiratorias y diarreas).
El informe de HumVenezuela destacó que, del total de personas con problemas de salud crónicos, 25,5% no recibieron atención médica y 21,3% tampoco medicinas durante 2025. Igualmente, las privaciones de acceso a la atención médica ocurrieron en 28,5% de las personas con problemas de salud agudos, y la falta de medicinas se registró en 27,5% del total de estas personas.
Recuperar la atención primaria
Durante el último año, la disminución en el uso de ambulatorios, módulos de Barrio Adentro y Centros de Diagnóstico Integral (CDI), debido principalmente al deterioro del sistema de atención primaria del país, ocasionó un aumento de consultas en hospitales públicos. De las personas que reportaron haber tenido problemas de salud en los 30 días previos a la Encovi realizada el año pasado, 46% buscaron atención médica en hospitales públicos, frente a 39% registrado en 2021. En contraste, la asistencia a ambulatorios y clínicas populares cayó de 34% a 28% en el mismo período.
El informe destacó que los problemas de salud más comunes reportados por la población son precisamente afecciones que deberían ser atendidas en centros ambulatorios y programas preventivos: resfriados, gripe, fiebre, diarreas, afecciones respiratorias y problemas digestivos.
En este contexto, uno de los consensos más claros entre los especialistas es que la reconstrucción del sistema de salud público venezolano debe comenzar fuera de los hospitales.
Fernández destacó que el primer paso es cambiar el enfoque. «Lo primero que tiene que hacer el sistema de salud es verdaderamente enfocarse en la salud», indicó al afirmar que en la actualidad los hospitales atienden enfermedades, pero la salud pública debe prevenirlas. Por ello, considera indispensable reconstruir programas de atención primaria capaces de identificar riesgos antes de que los pacientes lleguen a estados críticos.
Como ejemplo, menciona la mortalidad materna. «Tenemos una altísima mortalidad materna en Venezuela, la más alta de toda América. Pero el hecho de que las mujeres embarazadas terminan muriendo en los hospitales no quiere decir que allí es donde hay que centrarse», dijo. La solución, explicó, consiste en recuperar programas materno-infantiles que permitan controlar adecuadamente los embarazos desde etapas tempranas.
El fortalecimiento de la atención primaria también permitiría reducir la presión sobre hospitales que actualmente atienden casos que podrían resolverse en ambulatorios y centros comunitarios.
Pese a su deterioro, los especialistas consideran que la infraestructura existente podría desempeñar un papel clave en la recuperación. Fernández destacó que la red de Barrio Adentro posee una amplia cobertura territorial que puede aprovecharse para programas preventivos. «Ahí hay un potencial muy grande», afirmó.
Explicó que estos espacios podrían utilizarse para monitorear enfermedades crónicas, vigilar programas de vacunación, realizar educación sanitaria y fortalecer la participación comunitaria.
Zambrano coincidió en la necesidad de recuperar estas estructuras. «Hay que arreglar lo que se tiene», afirmando que construir nuevos hospitales o centros asistenciales mientras la infraestructura actual permanece deteriorada podría repetir errores del pasado.
Sin personal no hay sistema de salud
La infraestructura por sí sola no resolverá la crisis. HumVenezuela reportó que 72,3% de los servicios presenta ausencia de personal médico y 72,1% falta de enfermeras.
La migración masiva de profesionales y el abandono de cargos dentro del sector público han reducido significativamente la capacidad operativa de hospitales y ambulatorios. Sin embargo, la falta de una remuneración justa es la causa principal de deserción de médicos hacia otros países o hacia el sector privado. Sindicalistas denuncian que es imposible mantener el sistema si el personal percibe salarios precarios que no cubren sus necesidades básicas.
«Solo el Hospital Clínico Universitario, ubicado en Caracas, Distrito Capital, requiere actualmente al menos 3.000 enfermeras y un importante número de obreros especializados (electricistas, plomeros) para funcionar adecuadamente», señaló Zambrano.
Fernández consideró que la dignificación laboral es indispensable para recuperar el personal calificado. «Una política pública que verdaderamente busque resolver ese problema tiene que garantizar dignidad laboral al profesional de la salud», indicó.
También subrayó la importancia de ofrecer insumos, equipos y oportunidades de formación continua. «Necesitamos materiales, instrumentos, insumos y equipamientos para poder hacer un trabajo eficiente», añadió.
Zambrano compartió esta visión. «Mientras no haya salario, esas áreas van a tener mucha deficiencia», aseguró, añadiendo que la recuperación del sistema exige obligatoriamente aumentar la capacidad de atraer y retener médicos, enfermeras, bioanalistas, técnicos y personal obrero especializado.
El personal médico también trabaja en entornos peligrosos. El 82% de los hospitales monitoreados reportó eventos de violencia por parte de familiares de pacientes hacia los trabajadores. Además, se denunció la presencia de fuerzas de seguridad dentro de algunos centros de salud en el país.
Por otro lado, los trabajadores que aún laboran en el sistema de salud pública señalan que existe una «partidización» de los entes de control, lo que provoca que quienes denuncian actos de corrupción o fallas en el sistema puedan ser encarcelados o perseguidos.
El médico Pedro Fernández es ejemplo de ello. El 20 de octubre de 2025 fue detenido en el estado Mérida acusado de delitos como instigación al odio y terrorismo, tras haber alzado la voz sobre la emergencia sanitaria y la crisis en los hospitales del país. El detonante directo de su arresto fue una publicación en sus redes sociales en la que felicitó a la líder opositora María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz. Tras meses de presión por parte de familiares, gremios médicos como la Federación Médica Venezolana y organizaciones pro derechos humanos, el doctor fue excarcelado el 1 de febrero de 2026.
Un nuevo modelo para el sistema de salud
La discusión sobre el financiamiento aparece como uno de los temas más complejos. Fernández consideró que Venezuela debe avanzar hacia un modelo donde Estado, sector privado y ciudadanos compartan responsabilidades.
«Tenemos que ir a un sistema subsidiario en que el venezolano y el sector privado puedan tomar decisiones en salud», manifestó.
Su propuesta final apunta a una fórmula de cooperación: un modelo de triple hélice en la que los dos sectores más la sociedad aporten de igual manera para crear una cooperación verdaderamente exitosa.
Por su parte, Zambrano señaló que debe discutirse un esquema mixto que preserve el carácter social de la atención sanitaria. No obstante, insiste en que cualquier cambio debe surgir de un debate amplio y participativo.
Más allá de las diferencias sobre modelos específicos, los especialistas coinciden en que la recuperación del sistema de salud exige voluntad política sostenida. También requiere información epidemiológica confiable, planificación, inversión eficiente y una visión de largo plazo.
De momento, Fernández planteó la necesidad de abrir corredores humanitarios. «Tenemos por obligación que abrir un corredor humanitario que permita todas las donaciones que tengan que hacer otros países y organismos de cooperación internacional».
Mientras que Zambrano destacó que es fundamental facilitar la acción humanitaria que, denunció, es criminalizada en Venezuela. En 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Organizaciones de derechos humanos, agencias internacionales y relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que esta legislación vulnera el derecho a la asociación, obstaculiza la asistencia humanitaria y constituye una herramienta de censura.
El dirigente sindical reafirmó que las organizaciones no gubernamentales pueden contribuir significativamente en la atención de necesidades urgentes mientras se desarrolla una recuperación estructural.
La crisis acumulada durante años no podrá resolverse rápidamente. Los hospitales necesitan rehabilitación, los programas preventivos deben reconstruirse, los trabajadores requieren condiciones dignas y millones de personas necesitan volver a confiar en un sistema que hoy no logra responder plenamente a sus necesidades.
Sin embargo, los expertos identifican oportunidades. Recuperar la atención primaria, descentralizar decisiones, transparentar la gestión, fortalecer la cooperación internacional y dignificar al personal sanitario aparecen como algunos de los pilares sobre los cuales podría comenzar a edificarse una nueva etapa.
[Fuente: Erika Hernández – El Nacional]
