Un informe de la organización Un Mundo Sin Mordaza sobre la expansión del aparato represivo venezolano documentó 326 casos de persecución transnacional contra opositores en el exilio durante el período 2024–2025.
Esto evidenció, de acuerdo con la investigación, que la persecución contra la disidencia no se limitó al territorio nacional, sino que se proyectó más allá de las fronteras como una política sistemática de control e intimidación.
La organización analizó cómo el Estado extendió sus mecanismos de coerción contra ciudadanos que, desde el exterior, continúan ejerciendo su derecho a la protesta, la denuncia pública y la participación política.
Según el estudio, esta práctica no constituye un fenómeno aislado, sino la continuidad de patrones represivos previamente consolidados dentro del país, ahora adaptados al contexto de la diáspora.
Estigmatización y propaganda
La modalidad más frecuente identificada es la estigmatización y propaganda extraterritorial, con 176 casos (53,99%).
De acuerdo con la investigación, se trata del uso sistemático de narrativas oficiales y plataformas comunicacionales para desacreditar públicamente a opositores en el extranjero, presentarlos como amenazas o deslegitimar su activismo.
Este tipo de acciones no implica necesariamente detenciones físicas, pero sí genera efectos acumulativos: aislamiento, pérdida de oportunidades laborales, riesgos migratorios y un clima de intimidación que impacta tanto a las personas señaladas como a sus entornos.
Servicios consulares como mecanismo de control
El informe también documenta 112 casos (34,36%) de represión consular-administrativa.
En estos escenarios, los trámites documentales, registros y servicios consulares son utilizados como instrumentos de presión o exclusión.
Incluye retrasos arbitrarios, negativas de documentos o condicionamientos vinculados a la posición política de la persona solicitante.
Para quienes se encuentran en situación migratoria vulnerable, la imposibilidad de renovar pasaportes u obtener documentos oficiales puede traducirse en riesgos legales en los países de acogida, lo que refuerza el efecto coercitivo.
Criminalización y mecanismos internacionales
En menor proporción numérica, el informe identifica 23 casos (7,06%) de represión penal extraterritorial, en los que se emplea el sistema de justicia para abrir investigaciones, emitir solicitudes o activar procedimientos contra personas que ya no se encuentran en el país.
También se registraron dos casos de uso abusivo de mecanismos policiales internacionales, lo que sugiere la instrumentalización de canales de cooperación para perseguir a opositores fuera del territorio nacional.
A eso se suman cinco casos de presencia física extraterritorial de agentes o redes paraestatales (1,53%), tres casos de represalias contra familiares en Venezuela (0,92%) y dos casos de coerción migratoria en el país de acogida (0,61%).
Represión digital transnacional
Un Mundo Sin Mordaza documentó tres casos de represión digital transnacional (0,92%).
El informe advierte que se trata de operaciones complejas conformadas por múltiples incidentes: redes coordinadas de cuentas, campañas de estigmatización, suplantación de identidad y difusión masiva de contenidos.
Su bajo porcentaje no refleja una menor gravedad, sino que cada caso involucra múltiples acciones articuladas con amplio alcance transnacional.
El documento también subrayó que los 326 casos representan una “aproximación mínima verificable”. Factores como la autocensura, el miedo a represalias familiares, consecuencias migratorias o riesgos de seguridad personal limitan la denuncia pública incluso fuera de Venezuela.
Por eso, la organización sostuvo que la magnitud real del fenómeno podría ser mayor, pero la información disponible resulta suficiente.
[Fuente: El Nacional]
