La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela calificó como un «avance judicial internacional clave» la primera solicitud de extradición derivada de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante las protestas de 2014.
Esta reacción se produjo tras la decisión de un tribunal federal de Argentina de solicitar formalmente a España la entrega del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles.
El exoficial enfrenta cargos de asesinato por la represión de aquellas manifestaciones y forma parte de un grupo de 14 mandos de la GNB denunciados en territorio argentino en 2023 por la organización Inter-Just.
Este proceso penal se desarrolla bajo el principio de jurisdicción universal, el cual faculta a tribunales de terceros Estados a investigar y juzgar delitos internacionales graves, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del lugar donde se cometieron los hechos.
Al respecto, la Misión saludó el avance como un paso crucial hacia el fin de la impunidad y reafirmó que las fronteras geográficas ya no servirán de refugio para quienes diseñaron y ejecutaron crímenes contra el pueblo venezolano.
Un patrón de represión sistemática y planificada
A través de sus investigaciones, el organismo de la ONU concluyó de manera detallada que la respuesta estatal frente a las masivas movilizaciones de 2014 ocurridas en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas bajo la presidencia de Nicolás Maduro no consistió en actos aislados de brutalidad policial.
Por el contrario, la evidencia acumulada demuestra la ejecución de un patrón sistemático y planificado de violencia de Estado que respondía a una clara línea de mando originada en la cúspide del Poder Ejecutivo, operada con la complicidad de sectores judiciales, la GNB y los cuerpos de inteligencia.
Entre los elementos fundamentales de esta represión, la Misión acreditó el uso desproporcionado de la fuerza mediante el empleo sistemático de munición real contra manifestantes desarmados, lo que derivó en un alto saldo de víctimas mortales.
Asimismo, quedó demostrada la coordinación con grupos civiles armados («colectivos») para amedrentar a la población, a la par de una política de detenciones masivas y arbitrarias.
Cientos de estudiantes y opositores sufrieron torturas, malos tratos y violencia sexual en los centros de detención, lo que refleja un régimen institucionalizado diseñado para silenciar la disidencia y mantener el control político.
El futuro de las investigaciones
La Misión Internacional Independiente, establecida originalmente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25, cuenta con una prórroga en su mandato hasta septiembre de 2026.
Con el objetivo de asegurar la plena rendición de cuentas y la justicia para las víctimas, los investigadores de la ONU continúan documentando activamente la situación de los derechos humanos en el país sudamericano y presentarán su próximo informe oficial ante el Consejo en septiembre de este año.
[Fuente: El Impulso]
