En el laberinto de la prisión política en Venezuela, las rejas no solo encierran a quienes disienten; también asfixian, de forma lenta pero letal, a quienes esperan afuera. La privación de libertad por motivos ideológicos ha dejado de ser únicamente una transgresión a los derechos fundamentales para convertirse en un mecanismo de castigo extendido. Su impacto más devastador y silencioso recae sobre el núcleo familiar, donde la ausencia se transforma en una patología clínica y la espera, en una sentencia de muerte.
Según un reporte de la ONG Justicia, Encuentro y Paz (JEP), el reciente fallecimiento de la señora Carmen Navas, madre del prisionero Víctor Quero Navas, es el último eslabón de una dolorosa cadena. Con ella, ya son cinco las madres que han muerto bajo el peso de la angustia, las vigilias perennes a las puertas de los penales y la sistemática negación de respuestas oficiales.
Esta cronología del dolor —que une los nombres de Omaira Navas, Carmen Teresa Dávila, Yarelis Salas, Yenny Barrios y Carmen Navas— demuestra que el cautiverio político es una forma de violencia estatal que consume la existencia de familias enteras mediante infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones agudas nacidas del trauma.
El quebranto de la personalidad de la pena y el discurso de normalización
JEP reseña en su portal que el sufrimiento infligido a estas mujeres constituye una violación directa al principio de personalidad de la pena, una máxima jurídica internacional que establece que el castigo jamás debe trascender de la persona del reo. Al someter a los familiares a un estado de alarma constante, desestructuración económica y maltrato psicológico, el Estado venezolano configura un escenario de trato cruel, inhumano y degradante de carácter colectivo.
Señalan que resulta intolerable que este daño irreversible ocurra bajo un ecosistema institucional que sostiene un discurso de normalización y transición. Indican que no existe arquitectura legal, premisa moral ni justificación política capaz de validar la prolongación de un calvario que devasta la salud de los ciudadanos.
Precisan que la muerte de una madre esperando el regreso de su hijo no puede ser archivada bajo la fría categoría de «daño colateral«; es la evidencia fehaciente de una falla institucional absoluta y de la deshumanización de los aparatos de justicia.
Vidas consumidas por la vigilia, el desgaste clínico y la distancia forzosa
La dimensión de esta crisis humanitaria y judicial se sustenta en cinco casos rigurosamente documentados, donde la prisión de los hijos terminó por quebrar la salud de sus madres protectoras:
Omaira Navas (Madre de Ramón Centeno):
Su hijo fue detenido el 2 de febrero de 2022 bajo acusaciones penales infundadas tras realizar una entrevista periodística. Luego de una incansable lucha familiar contra su deterioro de salud, Ramón fue excarcelado el 14 de enero de 2026. Sin embargo, el desgaste acumulado pasó factura apenas trece días después de lograr ver a su hijo en libertad: la señora Omaira falleció el 27 de enero de 2026 a causa de un accidente cerebrovascular (ACV).
Carmen Teresa Dávila de Yéspica (Madre de Jorge Yéspica):
Su hijo fue privado de libertad el 1 de noviembre de 2024 por manifestar disidencia en redes sociales, pasando más de un año aislado en el penal de Tocorón. Jorge fue liberado con medidas cautelares en enero de 2026. Su madre, de cerca de 90 años y debilitada por la angustia, falleció el 4 de febrero de 2026 debido a una insuficiencia respiratoria aguda por tromboembolismo pulmonar, presuntamente sin haber llegado a enterarse de la liberación.
Yarelis Salas (Madre de Kevin Orozco):
Detenido en el contexto de las protestas postelectorales de 2024, Kevin permaneció recluido por más de un año. La señora Yarelis lideró de forma activa múltiples vigilias a las puertas del penal de Tocorón para exigir su libertad. La presión emocional y el esfuerzo físico sostenido provocaron su deceso por un infarto fulminante en enero de 2026; irónicamente, solo unos días después, el 25 de enero de 2026, las autoridades procedieron a la excarcelación de su hijo.
Yenny Barrios (Madre de Diego Sierralta):
Su hijo fue detenido arbitrariamente el 22 de enero de 2025 cuando intentaba conseguir parches de fentanilo para aliviar los dolores del cáncer que padecía Yenny, siendo falsamente acusado de narcotráfico. Diego fue liberado en noviembre de 2025 tras una intensa presión pública, pero el cuadro clínico de su madre se agravó aceleradamente ante la falta de cuidados oportunos y la angustia del encierro, falleciendo el 5 de noviembre de 2025 a causa de un linfoma no Hodgkin.
Carmen Teresa Navas (Madre de Víctor Quero Navas):
Víctor, de 51 años, fue detenido el 1 de enero de 2025 y sometido a una desaparición forzada de más de 17 meses, ignorando medidas de la CIDH y solicitudes de la ONU. Su madre de 82 años exigió incansablemente una fe de vida sin recibir respuesta. El 7 de mayo de 2026, las autoridades anunciaron el deceso de Víctor bajo custodia, alegando que había ocurrido el 24 de julio de 2025. Solo un día antes de este anuncio oficial, la señora Navas había sido informada sobre la negación de una amnistía para su hijo, como si estuviera vivo. Tras el trauma irreversible de reconocer el cuerpo en prisión, Carmen Navas falleció diez días después, el 17 de mayo de 2026, víctima del desgaste sistémico y una denegación absoluta de justicia.
[Fuente: El Impulso]
