Desde la medianoche del pasado viernes 7 de noviembre, la protección contra la deportación (Estatus de Protección Temporal o TPS) para un cuarto de millón de venezolanos ha expirado. Este vencimiento representa un duro golpe para los migrantes, muchos de los cuales ven como única opción permanecer en los Estados Unidos de forma indocumentada en lugar de regresar a su país natal.
«No podemos regresar a Venezuela, ya no nos queda nada allí. Prefiero quedarme en la clandestinidad», expresó Oriana (nombre ficticio), una inmigrante venezolana, en una conversación telefónica con EFE.
Oriana, madre de una adolescente de 15 años, vivió más de cinco años en Florida. Recientemente, se mudó a otro estado después de que el Gobierno del presidente Donald Trump decidiera cancelar el amparo concedido a los venezolanos por la administración anterior. Al perder el TPS, Oriana también pierde su permiso de trabajo.
«Dejé de usar ese permiso y me estoy adaptando a mi nueva situación», relata la migrante, quien ha decidido desconectarse y empezar una «nueva vida» oculta dentro de Estados Unidos, sin dar detalles de su ubicación o cómo se mantendrá.
La batalla legal persiste
A pesar de la pérdida del estatus, la esperanza se mantiene viva gracias a la acción legal. «Soy consciente de que el TPS fue un privilegio, pero aprendí de otros inmigrantes, como los colombianos o mexicanos, que no hay que perder la esperanza y hay que resistir», comenta Oriana.
Esta tenacidad es elogiada por José Palma, coordinador de la Alianza TPS, un grupo que lidera un litigio contra el Gobierno de Trump para revertir la cancelación. «La batalla judicial continúa, la decisión final no ha sido tomada», asegura el activista.
La demanda busca proteger a dos grupos de beneficiarios: los aproximadamente 250.000 venezolanos del grupo de 2021 cuyo TPS venció el viernes, y los cerca de 350.000 de la extensión de 2023 que ya quedaron desprotegidos el mes pasado, después de que la Corte Suprema permitiera al Gobierno seguir adelante con la suspensión mientras el caso avanza en instancias inferiores.
Actualmente, el caso está siendo revisado por el Noveno Circuito de Apelaciones. Este tribunal escuchará los argumentos de ambas partes tras la apelación del Gobierno de Trump a un fallo federal previo que declaró ilegal y «arbitraria» la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al amparo. Palma no descarta que el litigio escale de nuevo hasta el Tribunal Supremo.
En total, unos 600.000 venezolanos enfrentan ahora el riesgo inminente de detención y deportación, marcando la cifra más alta de personas que han perdido el TPS en la historia del programa.
Opciones y mayor riesgo
La pérdida del TPS se produce en medio de una campaña migratoria intensificada bajo la meta de deportar a un millón de personas en un año. Tanto las opciones judiciales como las iniciativas legislativas bipartidistas en el Congreso a favor de una legalización permanente requieren tiempo, algo que los venezolanos en riesgo ya no tienen.
Según el abogado de inmigración Fernando Romo, el mayor peligro de detención inmediata recae en aquellos venezolanos que tenían una orden de deportación previa.
El TPS suspendía estas órdenes, pero al desaparecer la protección, la orden se reactiva, volviéndolos un blanco prioritario para los agentes de inmigración.
No obstante, Romo señala que aún existen otras vías, como la solicitud de asilo, aunque advierte que no son procesos sencillos.
[Fuente: El Impulso]
