Cada primero de junio marca un aniversario sombrío para el sistema de salud en Venezuela. Este año se cumplieron nueve años desde que se suspendió el programa de trasplantes de donante cadáver. Lo que inicialmente se anunció en 2017 como medida provisional de tres meses por parte de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) –adscrita al Ministerio de Salud– para corregir fallas en el suministro de inmunosupresores, se ha convertido en parálisis estructural que roza la década.
La ONG Prepara Familia ha alzado la voz con un pliego de exigencias contundentes, demandando que la reactivación de los trasplantes y el rescate de las unidades de diálisis no queden en el olvido y sean incluidos con prioridad absoluta en las discusiones políticas sobre la reinstitucionalización del país.
Las exigencias de Prepara Familia: «El resultado de todo esto es la muerte»
La directora de Prepara Familia, Katherine Martínez, enfatizó que antes de hablar puramente de reactivar los quirófanos, se requiere una inversión estructural en un sistema de salud fraccionado y en deplorables condiciones. La organización exige:
Garantía de servicios básicos hospitalarios: asegurar al 100% el suministro de agua potable, energía eléctrica, reactivos en laboratorios, bancos de sangre operativos, ambulancias y ascensores funcionales.
Reapertura de especialidades: reactivar servicios críticos clausurados en centros de referencia como el Hospital J. M. de los Ríos, tales como Cardiología y Neurología.
Dignificación del personal médico: ofrecer sueldos competitivos y condiciones dignas para frenar la migración masiva de especialistas, particularmente en el área de Nefrología, además de formar personal de enfermería especializado.
Atención a la población pediátrica: consolidar una unidad piloto en el Hospital J. M. de los Ríos que cumpla con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente, los trasplantes de donante vivo (única modalidad activa) se limitan casi exclusivamente a adultos, pues requieren compatibilidad estricta hasta el quinto grado de consanguinidad. Los niños que no la tienen, quedan a la deriva.
Atención a la salud mental de los cuidadores: el desgaste emocional es devastador. Evaluaciones de la ONG demuestran que 85% de las madres y abuelas cuidadoras presentan pensamientos de angustia, y 77% sufre de preocupación constante, detonada principalmente por las listas interminables de insumos que les exigen los hospitales para atender a sus hijos.
“El daño es irreparable, el resultado de todo esto es la muerte. Estos niños y adultos que están con una patología ya han vivido bastantes deficiencias este tiempo y merecen tener una nueva oportunidad de vivir con calidad de vida. Que el tiempo que permanezcan acá lo hagan de la mejor forma, y no con tantas deficiencias”, alertó Judith Bront, integrante de la organización.
Para agosto de 2021, cuando se cumplieron cuatro años de suspensión, la ONTV estimaba que 960 personas no pudieron ser trasplantadas a partir de donantes fallecidos, de las cuales 150 son niños, niñas y adolescentes.
Durante los 14 años que la ONTV manejó el programa, se efectuaron 4.170 trasplantes de donantes cadavéricos (2.257 renales). Tras asumir el Estado el control a través de Fundavene en 2014, la actividad cayó drásticamente, registrándose solo 130 trasplantes renales históricos hasta la paralización total.
La crudeza de esta realidad se evidencia en la actualización de las cifras de mortalidad. Hasta 2025, Prepara Familia contabilizaba 85 muertes de niños, niñas y adolescentes en el servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos desde que cesó el programa. La tragedia sigue sumando nombres en 2026: el 3 de mayo se reportó el fallecimiento de la pequeña Isabella González, y el 30 de mayo el de Daymar Sira, catalogada cariñosamente por la organización nacional de trasplantes como una “nefroguerrera de sonrisa hermosa”.
Un informe publicado por la organización en 2021 advertía que los niños, niñas y adolescentes que lograron recibir un órgano antes de 2017 estaban en riesgo inminente de perderlo o sufrir rechazos severos por la escasez persistente de medicamentos inmunosupresores en el país.
El contraste: discurso oficial vs. colapso en las regiones
El panorama se vuelve aún más complejo al contrastar las declaraciones de las autoridades con la realidad operativa reportada por médicos y pacientes en las regiones de Venezuela.
En enero de este año, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el país cuenta con 176 salas de diálisis para la atención gratuita de pacientes renales. Durante la entrega del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas (que cuenta con un quirófano donde prometieron que «próximamente» se iniciarán trasplantes renales), el Ejecutivo exaltó el equipamiento de los centros a través de programas estatales para mitigar las «heridas sociales» del “bloqueo económico”.
Sin embargo, los datos de la Sociedad Venezolana de Nefrología (SVN) y los sucesos en el interior del país contradicen la tesis de una infraestructura plenamente recuperada.
El caso de Guárico y la obsolescencia técnica
Apenas el 3 de junio, los pacientes renales de la unidad de hemodiálisis de Calabozo (Guárico) trancaron las calles para protestar por la muerte de uno de sus compañeros por falta de atención oportuna.
Los manifestantes denunciaron que de 21 máquinas de diálisis instaladas, solo 6 están funcionando para atender a 47 pacientes. Los tratamientos se dan incompletos porque la bomba de la planta de ósmosis (vital para purificar el agua) se dañó y los equipos ya cumplieron su vida útil tras más de 15 años de uso.
Esta fue la segunda protesta en el estado en menos de una semana; el 28 de mayo, pacientes de San Juan de los Morros reclamaron por equipos prometidos hace tres meses que nunca llegaron.
Crisis en los Servicios del Hospital J. M. de los Ríos
El Hospital J. M. de los Ríos funciona como el principal centro de referencia nacional para pacientes pediátricos de todo el país, por lo que la unidad de Hemodiálisis cuenta con 15 máquinas de diálisis (la única para niños de menos de 10 kg). Por falta de mantenimiento, en 2017 funcionaban entre 8 y 10; a finales de 2019 operaban entre 5 y 7; para diciembre de 2020 cayó a solo 3 máquinas activas (recuperándose a 7 para agosto de 2021). Esto recorta drásticamente las horas de tratamiento vital que reciben los niños.
Desde 2013 no se realizan trasplantes de médula ósea en el país. Los convenios binacionales con Italia y España financiados por Pdvsa dejaron de existir en 2016. Para agosto de 2021, 25 niños del servicio de Hematología tenían indicación de trasplante de médula ósea, y 15 de ellos con urgencia de vida o muerte.
Entre 2017 y 2020 fallecieron 49 niños con enfermedad renal crónica estadio V (ERC ST V) en el hospital. Además, entre 2019 y agosto de 2021, 31 niños del servicio de Hematología perdieron la vida.
Tarifas insuficientes y desmotivación profesional
En marzo de este año, el nefrólogo Jorge Nazzoure explicó que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) centraliza y cubre teóricamente los materiales. No obstante, detalló que el valor asignado a la sesión de diálisis no supera los 0,60 centavos de dólar.
Este monto irrisorio hace imposible invertir en el mantenimiento preventivo de máquinas obsoletas y destruye cualquier incentivo salarial para retener a médicos y enfermeras, que hoy deben redoblar turnos de manera extenuante para cubrir el déficit de personal.
La diálisis como costoso cuello de botella
Datos de la Sociedad Venezolana de Nefrología indican que la enfermedad renal crónica afecta a 10% de la población del país. En la actualidad, más de 5.300 venezolanos dependen críticamente de la diálisis o de un trasplante para sobrevivir.
Mantener congelado el programa de procura de órganos no solo cuesta vidas, sino que representa un contrasentido económico para el propio Estado. El presidente de la SVN, doctor José Andrés Escalona Viña, puntualizó que la atención de un paciente renal en diálisis le cuesta al Estado 20.000 dólares al año, mientras que con un trasplante ese costo se reduce exactamente a la mitad (10.000 dólares).
Un trasplante en una clínica oscila entre 70.000 y 100.000 dólares.
[Fuente: El Nacional]
