Activistas y familiares de presos políticos acudieron a la sede del Palacio de Justicia para entregar un documento dirigido al presidente del Circuito Judicial de la capital venezolana, John Parody, en el que piden medidas para acelerar la celebración de audiencias.
“Igualmente solicitamos que se atiendan institucionalmente las dificultades que obstaculizan la tramitación oportuna de las peticiones de libertad de ciudadanos civiles y militares”, señaló a los medios Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, detenido por su presunta vinculación con la “operación Gedeón”, un intento de incursión militar a través de las costas venezolanas.
Alertan sobre presos con problemas de salud
Castro señaló que son necesarias acciones para atender a presos políticos con enfermedades graves, condiciones crónicas, discapacidades o cualquier cuadro clínico que pueda poner en riesgo la vida de estas personas.
La activista denunció también que hay entre 36 y 40 boletas de excarcelación firmadas desde hace varias semanas, sin que hasta el momento los beneficiados hayan salido de las cárceles.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 322 presos políticos, de los cuales 308 son hombres y 14 mujeres. Además, 182 son civiles y 140 militares.
El martes, el abogado venezolano Eduardo Torres reportó la liberación del sindicalista Orlando Ramírez, después de haber estado detenido durante un mes y sin que se conociera su paradero.
Según Torres, el sindicalista, quien fue detenido luego de protestar por reivindicaciones laborales frente al Ministerio de Transporte en Caracas, se comunicó con otros compañeros para informarles de que lo habían dejado en una carretera al oeste del país.
El abogado indicó entonces que acudirá a interponer una denuncia ante la Fiscalía General, ya que aseguró que se trató de una detención arbitraria y desaparición forzada.
El juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este jueves la petición de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, para quedar en libertad bajo fianza y esperar en arresto domiciliario el juicio que enfrenta en Estados Unidos.
Flores, de 69 años de edad, permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura y traslado junto a Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
La defensa había solicitado el arresto domiciliario al alegar un delicado y progresivo deterioro de la salud cardíaca de Flores y sostuvo que las condiciones de la prisión perjudican su recuperación médica.
El magistrado consideró que Flores representa un “fuerte riesgo” de fuga y subrayó la gravedad del caso para justificar su decisión, según explicó durante la vista.
Durante la audiencia, Flores se mostró más delgada que en sus anteriores comparecencias. Al principio apareció sonriente, aunque posteriormente su semblante se volvió más serio.
La nueva acusación contra Maduro y Flores
La decisión del juez se conoció el mismo día en que la Fiscalía presentó una nueva acusación contra Maduro y Flores que amplía los cargos que ambos afrontan en Estados Unidos.
El nuevo texto los acusa de conspiración para cometer tortura contra opositores y personas detenidas por las autoridades venezolanas durante el gobierno de Maduro.
Según la acusación, Maduro autorizó y supervisó un sistema de detenciones arbitrarias, violencia y torturas utilizado para reprimir a la oposición, mientras que Flores participó presuntamente en ese entramado.
La acusación sostiene además que entre las víctimas hubo al menos tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, según los documentos judiciales.
El nuevo cargo de conspiración para cometer tortura se suma a los de conspiración para importar cocaína y posesión y conspiración para poseer armas que ambos ya afrontaban, así como al de narcoterrorismo que pesaba sobre Maduro y que ahora también enfrenta Flores.
[Fuente: Agencia EFE]
