El abogado Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), advirtió que no hay condiciones para un retorno presencial automático sin información pública sobre la situación de cada centro educativo tras el doblete sísmico del 24 de junio.
Trapani ofreció estas declaraciones en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, al presentar los principales hallazgos del informe situacional elaborado por la Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap sobre las afectaciones al derecho a la educación tras los terremotos.
El monitoreo abarcó 26 centros educativos de Caracas, La Guaira y Miranda, además de consultas a informantes clave y un sondeo ciudadano.
“Nosotros no nos oponemos al inicio de clases, creemos que es una buena noticia y es necesario, porque la escuela representa rutinas para los niños, que es un elemento clave para la recuperación emocional después de un hecho violento como lo fueron los terremotos. La importancia radica en qué condiciones abra la escuela”, aclaró.
Certificación de seguridad
Según el reporte ciudadano incluido en el informe, 27 % de los docentes consultados señaló que existían daños graves en la infraestructura de sus centros educativos. Además, una de cada tres personas consideró que había áreas clausuradas, intransitables o que representaban algún peligro.
“Ningún niño, docente, trabajador educativo o cualquier otro debe regresar a un plantel sin una certificación documentada de seguridad, habitabilidad, funcionamiento y servicios básicos de la escuela”, agregó.
El abogado enfatizó que recuperar el derecho a la educación no consiste únicamente en reparar las paredes de las escuelas, sino que también implica reconstruir la confianza de estudiantes y familias en que los espacios son seguros y que cuentan con protocolos para actuar ante eventuales réplicas.
“Reabrir una escuela no equivale por sí solo a restituir el derecho a la educación”, sostuvo.
Plan para garantizar la continuidad educativa
Trapani alertó que las dificultades para el regreso pueden aumentar en comunidades donde los terremotos profundizaron problemas que ya existían. A su juicio, una institución estará en desventaja para garantizar la asistencia si no cuenta con transporte, agua, alimentación, conectividad, espacios seguros y acompañamiento psicosocial.
Por ello, planteó preguntarse qué estudiantes podrán regresar a las aulas y qué apoyo recibirán quienes viven en comunidades que perdieron viviendas, familiares, servicios o estabilidad emocional.
Como ejemplo, mencionó la escuela San José de Catamarca, cuya estructura sufrió el colapso de un edificio. De sus 26 aulas se perdieron 16, además de dos laboratorios.
Asimismo, informó que Cecodap identificó a más de 200 niños que se desplazaron desde La Guaira hacia otros municipios o estados. Ante estos casos, pidió garantizar la trazabilidad educativa para evitar que los estudiantes queden excluidos del sistema.
Propuso que las autoridades presenten un plan de continuidad educativa para los alumnos cuyas escuelas no estén habilitadas, el cual debería contemplar espacios temporales seguros, reubicaciones tempranas, transporte, calendarios de recuperación y medidas para evitar la sobrecarga o exclusión educativa.
Adicionalmente, formuló implementar una búsqueda activa y seguimiento confidencial de los estudiantes que no se reincorporen, especialmente de quienes quedaron damnificados o desplazados, perdieron a sus cuidadores o tienen alguna discapacidad.
Atención psicosocial para estudiantes y docentes
El especialista subrayó que la atención psicosocial debe formar parte de la respuesta educativa y no puede improvisarse. En ese sentido, su intención tiene que ser terapéutica y estar dirigida por profesionales capacitados bajo el principio de una “acción sin daño”.
Explicó que el acompañamiento debería desarrollarse en tres fases: primero, permitir que los niños rompan el silencio y puedan expresar lo que vivieron y cómo se sienten; luego, reducir síntomas asociados con estrés, angustia, ansiedad, tristeza o depresión; y finalmente, ayudarles a reconectarse con la vida y trabajar en su proyecto de vida.
Destacó que esta atención tiene que dirigirse tanto a los estudiantes como a los docentes y demás integrantes del personal escolar.
El informe recoge que más de 60 % de los consultados solicitó primeros auxilios psicológicos y contención emocional para los estudiantes. Otro porcentaje superior a 60 % pidió orientación sobre cómo proteger a los niños ante réplicas o nuevos sismos.
Además, 57 % sugirió la necesidad de apoyo emocional especializado para docentes y personal de las escuelas, mientras 34 % solicitó activar redes de protección para niños que quedan solos o fuera del cuidado familiar.
El coordinador de Cecodap también recomendó incorporar actividades lúdicas en los procesos de recuperación, como jugar, hablar, dibujar, escribir e incluso guardar silencio.
Afirmó que la pérdida provocada por el sismo requiere entenderse de manera amplia y no limitarse al fallecimiento de familiares. Paralelamente, incluye la pérdida de viviendas, escuelas, vínculos, pertenencia y rutinas.
Definir prioridades
Trapani exhortó a la comunidad educativa a reunirse, identificar sus prioridades y solicitar a las autoridades el apoyo que, según la Constitución y las leyes, están obligadas a garantizar.
Apuntó que la coordinación pública, el presupuesto y los espacios de participación son fundamentales para generar confianza y evitar que el regreso a clases repita problemas de años anteriores.
Precisó que el informe de Redhnna y Cecodap busca servir como punto de partida para que las autoridades tomen decisiones y aborden los problemas identificados.
En su opinión, cualquier protocolo de retorno debe ser suficientemente dinámico y adaptarse a la realidad de cada escuela.
Finalmente, recalcó que el país debe superar las dificultades estructurales del sistema educativo. “No podemos tener una educación pobre para los pobres”.
[Fuente: Radio Fe y Alegría]
