Más de 600 privados de libertad fueron trasladadas del Centro Penitenciario Yare III a otros recintos carcelarios en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Lara, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La organización calificó la medida de arbitraria y señaló que podría tratarse de una maniobra para “borrar evidencias y obstaculizar investigaciones”.
A través de redes sociales, la ONG también puso el foco en la falta de información oficial sobre estos movimientos, y aseguró que no existe una lista pública que permita identificar a los presos trasladados ni conocer su destino, lo que mantiene a muchos familiares en incertidumbre. Solo algunos reclusos han logrado establecer contacto con sus allegados, mientras que otros –según las denuncias– permanecen en una especie de desaparición en el sistema penitenciario.
El organismo cuestionó que, a una semana de los hechos en Yare III, aún no haya claridad sobre las cinco muertes reportadas. Señaló el silencio del Ministerio de Servicios Penitenciarios y criticó la falta de respuesta del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, organismos a los que acusó de no cumplir con sus obligaciones.
Traslados de reclusos agravan crisis penitenciaria
La organización advirtió que este tipo de actuaciones no es nuevo y recordó lo ocurrido tras la masacre de Vista Hermosa, cuando se habrían registrado traslados similares que terminaron entorpeciendo las investigaciones.
La ONG alertó que los centros a los que fueron enviados los detenidos ya presentan condiciones de hacinamiento, lo que agrava el riesgo para su salud e integridad. “Lejos de resolver la crisis, estas acciones la profundizan”, advitió.
La ONG exigió al Ministerio de Servicios Penitenciarios la publicación inmediata de la lista completa de traslados, así como garantías que permitan a los familiares conocer el paradero y estado de los reclusos.
