El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el viernes 28 de agosto que casi 400 personas murieron en cárceles venezolanas durante “masacres” registradas entre 2011 y 2026.
El informe, publicado en la página web de la organización independiente, registró 24 masacres en los últimos 15 años, de los cuales murieron 397 personas y más de 600 resultaron heridas.
De los 397 fallecidos, 369 eran privados de libertad, 22 visitantes, dos custodios penitenciarios, tres funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario y uno era efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
De acuerdo con el documento, 19 masacres ocurrieron durante la gestión de Iris Valera, una cuando Mirelys Contreras estaba en el cargo, dos durante el mandato de Celsa Bautista y la más reciente que fue este año 2026, bajo la administración de Julio García Zerpa.
“En 2011 la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario se anunció como una solución definitiva a la crisis carcelaria. Bajo el discurso oficial de ‘humanizar el sistema’ y formar a una nueva persona, la realidad tomó un rumbo opuesto, las cárceles venezolanas se convirtieron en escenarios de abandono y en la consolidación del poder del pranato e impunidad”, afirmó la organización.
Datos sobre las “masacres más violentas” en las cárceles de Venezuela
El OVP indicó que de esas 24 masacres, una de las más graves ocurrió en el Centro Penitenciario Región Andina (Cepra), en Mérida, durante el año 2012, donde murieron 22 presos.
Ese año también fallecieron 26 reclusos en Yare I, en Miranda, y 10 en la cárcel La Pica, en Monagas.
“Empezando el año 2013, un conteo y una requisa controlada en el Centro Penitenciario Uribana estado Lara, se convirtió en una de las mayores tragedias en la historia carcelaria, donde murieron 65 personas, entre ellas un funcionario de la GNB y dos pastores evangélicos”, detalló el observatorio.
El OVP agregó que, un año después, habilitaron la cárcel de Uribana, en Lara, con el nombre: Centro Penitenciario David Viloria, donde los presos protestaron por maltratos y mala alimentación y asaltaron la enfermería e hicieron una bebida con la que murieron 48 presos y se intoxicaron 145 reclusos.
Asimismo, se registró la explosión de una granada en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), la cual dejó 12 fallecidos en 2016. Al año siguiente, un motín que se registró en Puente Ayala, en Anzoátegui, dejó un saldo de 15 fallecidos. En una intervención del penal, por parte del ministerio, en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja), murieron 39 reclusos.
Mientras que en el 2018, en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, murieron 11 personas, entre ellas nueve internos y dos funcionarios del ministerio.
“Otra de las masacres más sangrientas en la historia de las cárceles fue en el 2020, tras una protesta por la suspensión del pase de paquetería en Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en el estado Portuguesa, donde asesinaron a 49 reclusos y más de 70 resultaron heridos. El hecho terminó con el desalojo del penal”, afirmó la organización.
En el 2023, durante las intervención del Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, fallecieron 11 personas privadas de libertad, mientras que el operativo en el Centro Penitenciario de Tocuyito, estado Carabobo, ocasionó la muerte de cinco reclusos.
La última masacre que registró el OVP fue en abril de 2026, en el Centro Penitenciario Yare III, estado Miranda, donde después de una protesta cinco reclusos fueron asesinados.
El OVP denunció que falta investigación
El OVP mencionó que las autoridades venezolanas anunciaron que realizarán investigaciones al respecto; no obstante denunciaron que actualmente se desconocen los resultados y los responsables de las masacres.
“El régimen se lavó las manos diciendo que las muertes se produjeron entre la misma población penal. Sin embargo, es responsabilidad de las autoridades que pase un arma a un penal”, afirmó el ente independiente.
En este sentido, la organización aclaró que no todas las muertes fueron a manos de los mismos internos, según el informe; las mayores masacres, e incluso las últimas, fueron luego de protestas ante la vulneración de los derechos de los privados de libertad, que terminaron en hechos sangrientos ejecutados por funcionarios de seguridad.
El OVP advirtió que tampoco hubo investigación para los funcionarios que, presuntamente, cometieron estas muertes.
“Estos hechos violentan la Constitución venezolana, que exige un sistema que garantice los derechos humanos, con instalaciones seguras, salubres y orientadas a la rehabilitación, erradicando el control armado interno y el hacinamiento”, destacó el texto.
Además, la organización citó el artículo 43 de la Constitución, el cual expresa que el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad.
El OVP consideró que, tras 15 años de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, el régimen “viola las leyes venezolanas”, también las Reglas Mandela y otros estándares internacionales.
[Fuente: El Diario]
