La organización no gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este viernes 28 de agosto a las administraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informar al país sobre los alcances, términos y condiciones del acuerdo en materia petrolera suscrito entre ambas naciones, advirtiendo sobre las implicaciones en materia de derechos humanos y sostenibilidad ambiental.
El anuncio del convenio fue divulgado por ambos líderes a través de sus redes sociales. Según la información compartida, el acuerdo otorga a Estados Unidos el acceso y control mayoritario sobre 65 mil millones de barriles de petróleo provenientes de las reservas certificadas del país, cifra que representa aproximadamente el 20% de la reserva probada más grande del planeta.
“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, trabajando estrechamente con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y, a través de una asociación con empresas privadas, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”, afirmó Donald Trump en la red social Truth Social.
Posteriormente, Delcy Rodríguez confirmó la negociación a través de X, señalando que la iniciativa facilitará “un flujo significativo de inversión dirigido a la recuperación y reconstrucción de la infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestra industria de hidrocarburos”.
Advertencia sobre opacidad inconstitucional y consulta previa
Frente a este escenario, Provea cuestionó que el pacto se ejecute bajo esquemas de opacidad estatal, lo que impide el ejercicio efectivo de la contraloría social consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La ONG instó a ambas administraciones a precisar la ubicación exacta de los “17 campos estratégicos” contemplados en la negociación.
La organización alertó que, en caso de situarse en territorios habitados por pueblos indígenas o en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), las concesiones deben someterse a procesos de consulta previa, libre e informada —conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación nacional—, además de realizar los correspondientes estudios de impacto ambiental. En este contexto, la ONG recordó los antecedentes del Arco Minero del Orinoco (AMO), señalando que dicho proyecto debilitó la institucionalidad ambiental en el país y promovió un modelo basado en la extracción primaria con déficit de transparencia.
Responsabilidad de estados y corporaciones extranjeras
En el ámbito del derecho internacional, Provea subrayó que, con base en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la responsabilidad de las corporaciones y los estados extranjeros de respetar las garantías fundamentales constituye una norma de conducta global obligatoria.
La ONG advirtió que la asunción de compromisos con autoridades cuestionadas institucionalmente exige mayor rigurosidad, enfatizando que si las empresas o el gobierno estadounidense participan en hechos que vulneren derechos humanos o generen daños ambientales en territorio venezolano, deberán responder por su actuación ante las instancias correspondientes.
Contexto del intercambio energético bilateral
El acuerdo suscrito entre Washington y Caracas se produce en un momento de reconfiguración de las relaciones bilaterales y de la política energética en la región. Mientras la Casa Blanca busca fortalecer el suministro de crudo y estabilizar los precios internos de los combustibles, la administración venezolana apunta a la atracción de capital privado e internacional para reactivar la capacidad operativa de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y reinsertar la producción nacional en los mercados globales.
[Fuente: El Diario]
