El escenario político instalado en Venezuela tras los hechos del 3 de enero, bajo el tutelaje de la administración de Estados Unidos, modificó las condiciones de trabajo para las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.
Activistas consultados por Efecto Cocuyo coinciden en que existe mayor margen para acompañar a las víctimas, visibilizar denuncias en los medios de comunicación y retomar la vocería pública, pero advierten que estas libertades operan sin respaldo institucional mientras la estructura represiva y las leyes que criminalizan a la sociedad civil permanecen vigentes.
Para Marino Alvarado, defensor de derechos humanos y activista de la ONG Provea, la coyuntura actual abre un tiempo de oportunidad que se sustenta en tres aspectos: el primero es una baja en la represión, lo que facilita acompañar a las víctimas en sus reclamos de justicia y de derechos; una mayor libertad de expresión para poner estos temas en el debate público y los primeros cambios dentro de instituciones que durante años mantuvieron las puertas cerradas a las organizaciones.
“Hoy por lo menos esas instituciones empiezan a escuchar; habrá que ver si más allá de escuchar están dispuestas a poner en práctica las recomendaciones no solo del movimiento de derechos humanos, sino también del sistema internacional de protección”, dijo el activista en una entrevista con Efecto Cocuyo.
Alvarado explicó que muchas de estas agrupaciones de defensores de derechos humanos nunca dejaron de acompañar a las víctimas durante los picos represivos anteriores, pero sí se replegaron de la escena pública y ahora retoman su vocería.
Desde la ONG Caleidoscopio Humano, su coordinadora, Gabriela Buada, coincide en que la atención a los afectados, la documentación y la denuncia jamás cesaron durante la ola represiva que se extendió desde 2024 hasta diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, aunque advierte que la apertura actual descansa sobre bases frágiles.
“El panorama es muy incierto, de piso falso. Pasamos de un estado de miedo y de observación a un estado de alerta, porque la defensa de los derechos humanos se continúa haciendo con un poco más de libertades, pero sin garantías de que no puedan ser arrebatadas nuevamente”, explicó la defensora.
Buada señala que tras el 3 de enero el trabajo de su organización se reformuló para enfocarse con mayor fuerza en difundir las violaciones cometidas a lo largo de más de diez años en el país, aprovechando la apertura de los medios de comunicación y el acceso a conversaciones puntuales con figuras que representan a la administración actual. Este cambio ha permitido incluso visibilizar casos de víctimas que antes del 3 de enero resultaba difícil exponer por el contexto político y social.
Estructura represiva intacta y vigilancia en las calles
Para los activistas, el incremento en la presencia pública no significa que el riesgo contra los defensores haya terminado. Alvarado sostiene que en Venezuela se instaló una cultura del abuso de poder, de la represión y de la indolencia estatal cuya estructura sigue intacta con los mismos funcionarios que reprimieron y dieron la espalda a las necesidades de la población, por lo que corresponde presionarlos e interpelarlos a la par de exigir un saneamiento de los cuerpos de seguridad.
“Debe empezar esa depuración por los más altos funcionarios que pueden tener responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad y que están hoy en las directivas del Sebin, de la Dgcim, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Conas y de la Policía Nacional Bolivariana”, sostuvo.
La permanencia de ese patrón represivo, apunta Alvarado, se evidencia con el envío de funcionarios de inteligencia a las protestas sociales para fotografiar a los líderes y a los manifestantes, así como en el seguimiento constante que todavía realizan contra dirigentes políticos de la oposición.
A estas labores de vigilancia se suman agresiones graves a la integridad física que alcanzan tanto a los detenidos por motivos políticos como a los presos sociales, frente a la falta de voluntad de la Fiscalía para investigar las denuncias de tortura. “Esa cultura del abuso se manifiesta también en la complacencia desde el Ministerio Público y las jerarquías policiales con la práctica de las ejecuciones extrajudiciales; siguen asesinando jóvenes pobres simulando enfrentamientos”, denunció Alvarado.
Menos miedo en las víctimas y protocolos de protección
A pesar de los riesgos y de la existencia de casos conocidos de represalias contra familiares o víctimas en situación de vulnerabilidad, la disposición de los afectados para hablar cambió de forma positiva después del 3 de enero, según la mirada de ambos activistas.
Buada destaca que hoy existe menos temor para ofrecer testimonios, acercarse a las organizaciones de la sociedad civil, visibilizar los casos y tramitar denuncias ante las autoridades, lo que permite que la labor de documentación se haga de manera más expedita.
Para proteger la identidad de las fuentes y resguardar las evidencias frente a la vigilancia de los organismos del Estado, las organizaciones recurrieron a protocolos de seguridad digital y física aprendidos durante la ola represiva que siguió a las elecciones presidenciales de 2024. Buada explicó que Caleidoscopio Humano entrenó a víctimas, familiares, periodistas y activistas para blindar sus comunicaciones y evitar represalias al momento de documentar.
“Ya las víctimas saben cómo denunciar y también cómo tener algunos protocolos de protección a sus familiares. Esa percepción de seguridad ha sido clave para que este trabajo se facilite”, señaló la defensora.
Ausencia de cifras oficiales y bloqueo institucional
Ambos defensores de derechos humanos coinciden que al momento de sistematizar los casos y acudir a las instituciones, los activistas siguen encontrando obstáculos estructurales que ya existían antes del 3 de enero. La principal barrera para construir un cuadro real sobre el aumento o la disminución de las violaciones a los derechos humanos en el país es la falta de estadísticas oficiales comparables.
Buada precisó que ni el gobierno ni quienes administran el sistema de justicia publican datos sobre violencia basada en género, como tampoco existen registros oficiales en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La falta de indicadores sobre alimentación, educación, acceso al agua y servicios públicos, cuyas fallas se profundizaron tras los terremotos del 24 de junio, impide elaborar diagnósticos completos y plantear alternativas para restituir el Estado de derecho.
“Eso se mantiene y ha empeorado en el sentido de que lamentablemente fingen demencia, no se habla de esto. Sin cifras no podemos saber el daño que existe en estos casos que son sistemáticos y que siguen ocurriendo”, apuntó.
Cuando las organizaciones intentan canalizar los casos ante las instancias locales, se topan con un doble bloqueo institucional. Por una parte, las leyes vigentes prohíben a las ONG acompañar formalmente a las víctimas en el acto de interponer la denuncia; por otra, las denuncias introducidas antes del 3 de enero de 2026 permanecen paralizadas y sin respuesta.
La “espada de Damocles” sobre las ONG
Para los defensores aunque se han dado pasos hacia una mayor visibilización, los avances ocurren con una lentitud que contrasta con la urgencia de casos donde están en juego vidas humanas y libertades fundamentales, lo que frena a la mayoría de las organizaciones de asumir un perfil más alto.
La coordinadora de Caleidoscopio Humano advierte que las libertades de asociación, participación y acompañamiento a las víctimas no han sido incluidas de forma pública ni abierta en las discusiones de los factores políticos ni en la toma de decisiones del país.
Asegura que quienes defienden a las poblaciones más vulnerables, presos políticos, denunciantes de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y activistas criminalizados por su labor, se mantienen en alerta ante el silencio oficial sobre el futuro de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, conocida como la ley contra las ONG.
Buada indicó que tampoco existe claridad sobre qué ocurrirá con los procesos judiciales que siguen abiertos contra defensores como el director de FundaRedes, Javier Tarazona; con los activistas forzados al exilio por persecución que aún ven como una amenaza al interinato, ni con las víctimas que son piezas clave en las denuncias contra quienes permanecen en el poder.
“No solamente estamos ahorcadas financieramente, sino que también estamos con esa espada de Damocles que pareciera que en cualquier momento puede dar la vuelta y volver a atacarte”, alertó Buada.
Para la defensora, cualquier apertura real dependerá de cómo se mueva el tablero político, social y económico, por lo que urge exigir a los actores internacionales y a quienes tienen el poder de decisión hoy, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, voluntad real para restituir el Estado de derecho y convocar elecciones libres, transparentes y justas.
“El trabajo de la defensa de los derechos humanos sigue siendo una aguja en un pajar. Si no existe el Estado de derecho va a ser muy difícil que las víctimas tengan justicia, reparación y garantías de no repetición, y esa premisa pareciera que no está en ninguna de las fases anunciadas”, concluyó.
[Fuente: Efecto Cocuyo]
