Cuando Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina cruzaron las puertas del Centro Penitenciario Fénix, en Lara, la escena pareció cerrar una de las historias más largas y controvertidas de la justicia venezolana. Habían pasado 23 años desde su detención. Más de dos décadas de tribunales, diferimientos y condenas atravesadas por el peso de la política. Pero la imagen de su salida no representó una libertad completa. Apenas abandonaron la cárcel, el sistema judicial volvió a recordarles que incluso fuera de prisión siguen sujetos a decisiones que trascienden lo estrictamente jurídico.

Los exfuncionarios fueron citados el 21 de mayo al tribunal de ejecución que lleva su causa en el estado Aragua. Allí conocieron, por fin, las condiciones de la libertad que llegó después de 23 años de prisión. Para este 25 de mayo fueron citados a tribunales cercanos a la residencia de cada uno.

Molina, Bolívar y Rovain, deberán cumplir un régimen de presentación cada tres meses durante los próximos siete años tras su excarcelación el 19 de mayo.

Una libertad a medias: la deuda intacta del Estado

La abogada Bony Pertíñez, activista de derechos humanos que ha seguido de cerca las denuncias sobre presos políticos en Venezuela -y particularmente el caso de los policías metropolitanos-, considera que estas excarcelaciones están lejos de representar un verdadero acto de justicia.

“Hasta donde se ha informado públicamente, se trataría de una medida humanitaria o excarcelación bajo régimen condicional, no de una decisión que reconozca formalmente la inocencia de los funcionarios, ni la nulidad de las graves irregularidades cometidas durante el proceso”, señala Pertíñez.

Asegura que después de 23 años de prisión, “la deuda del Estado venezolano con los funcionarios policiales injustamente condenados por los hechos del 11 de abril, sigue intacta”.

La activista comenta que a lo largo de más de dos décadas, las defensas de los policías metropolitanos solicitaron incansablemente beneficios procesales, fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, medidas humanitarias y revisiones por grave deterioro de salud. La respuesta de los tribunales, dijo, fue una “negativa sistemática”.

Considera que existió resistencia estructural para reconocerles derechos básicos, incluido el cómputo de la pena por trabajo y estudio, beneficio constitucional que se aplica con regularidad a los reclusos comunes, pero que a ellos les fue negado sistemáticamente “por motivos de discriminación política”.

La justicia como instrumento de control político

Al analizar la actuación de la cadena de funcionarios judiciales que intervinieron en el caso, desde el juez de control Francisco Mota y la jueza de Juicio Marjorie Calderón, hasta magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como Eladio Aponte Aponte y Maikel Moreno, Pertíñez es muy clara: el caso nunca fue estrictamente jurídico.

Enfatiza que las decisiones más determinantes, desde las condenas originales hasta las negativas de beneficios y los diferimientos, obedecieron a factores políticos.

“En Venezuela, lamentablemente, los presos políticos no dependen de un tribunal, sino de una decisión de poder”, subraya.

El costo humano: dos décadas de “prisión emocional”

El enfoque de este caso va más allá de las fechas de entrada o salida de una celda. Radica en el impacto transgeneracional que destruyó los proyectos de vida de familias enteras. Los hijos de Rovaín, Bolívar y Molina eran niños cuando sus padres fueron apresados. En la actualidad afrontan la madurez habiendo normalizado una infancia de requisas en el penal, salas de visita y una distancia impuesta.

“Eso es imposible de reparar completamente. Estamos hablando de hombres que perdieron su juventud, su vida familiar, su estabilidad emocional y profesional”, reflexiona Pertíñez. “Muchos vieron morir a sus padres sin poder despedirse y vieron crecer a sus hijos desde una cárcel”.

El castigo, dice la defensora de derechos humanos, se extendió hasta el entorno familiar. Las esposas debieron transformarse en padres y madres al mismo tiempo, asumiendo la carga económica y emocional de sostener hogares marcados por la zozobra.

“Hay nietos que prácticamente conocieron a sus abuelos presos. Madres que murieron esperando justicia. Daños que ninguna excarcelación tardía puede revertir”, manifiesta.

Un espejo y una advertencia para la Venezuela actual

A pesar de que el panorama de los derechos humanos ha evolucionado desde los primeros años del caso de la Policía Metropolitana, contando con mayor documentación internacional, visibilidad y apoyo de organizaciones no gubernamentales, Pertíñez advierte que la represión también se ha “sofisticado”.

La liberación tardía de los policías metropolitanos deja un precedente que funciona como advertencia para la sociedad venezolana y para los presos políticos que esperan una boleta de excarcelación en prisiones del país.

Para Pertíñez, el caso demuestra hasta qué punto el sistema puede mantener a una persona privada de libertad durante décadas, incluso en medio de dudas razonables y violaciones evidentes al debido proceso.

“Pero también deja una lección de resistencia humana y de memoria. Este caso demuestra que las víctimas necesitan acompañamiento permanente, porque el Estado apuesta muchas veces al olvido y al agotamiento de las familias”, expresa.

Aunque la liberación de Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina despertó alivio, esperanza y profunda emoción en amplios sectores de la sociedad venezolana, Pertíñez alerta que aún no puede hablarse de justicia plena ni de libertad definitiva.

“La justicia habría sido un juicio imparcial, sin manipulación política y sin condenas utilizadas como mecanismo de venganza”, concluye.

Mientras el tribunal continúa reprogramando las condiciones de su excarcelación, el caso de los policías metropolitanos sigue siendo una herida abierta en la memoria venezolana y un recordatorio incómodo de cómo la justicia puede convertirse en un instrumento de poder. Después de 23 años de prisión, su historia permanece como una advertencia colectiva: cuando los tribunales dejan de responder al derecho y comienzan a responder a la política, ninguna familia queda realmente a salvo.

[Fuente: El Nacional]