La prisión política en Venezuela no termina en las paredes de una celda, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón señala que su impacto se extiende hacia madres, padres, hijos y demás familiares que enfrentan vigilias, incertidumbre, dificultades económicas y temor a represalias por exigir información y justicia.
El documento plantea que este fenómeno puede entenderse como un “castigo extendido”, mediante el cual las consecuencias del encarcelamiento alcanzan al entorno inmediato del detenido. Esta situación, según el análisis presentado, se habría agravado tras el sismo del 24 de junio y las denuncias sobre nuevos abusos contra presos políticos en el Centro Penitenciario Rodeo I.
Familias bajo miedo, silencio y presión económica
El análisis sostiene que la persecución no se limita al acoso directo, sino que también opera mediante el temor a denunciar o reclamar. Bajo esta dinámica, familiares de los detenidos quedarían expuestos a un ambiente de intimidación que los lleva a guardar silencio ante posibles represalias.
A esta presión se suma el costo económico de las visitas y vigilias frente a los centros penitenciarios. Para hogares con recursos limitados, trasladarse, llevar alimentos, medicinas y productos básicos representa una carga que se vuelve todavía más difícil después de una emergencia como el terremoto.
El documento también aborda el impacto sobre familias separadas por la migración forzada. La distancia impide, en algunos casos, comprobar directamente las condiciones en las que se encuentran los detenidos y aumenta la angustia ante la falta de información oficial.
Niños y hogares afectados por la separación
La persecución política también tendría consecuencias sobre la dinámica familiar y la crianza. El análisis advierte que cuando existen niños y adolescentes, la separación prolongada de uno de sus padres puede generar un escenario de desamparo y alterar su desarrollo familiar.
La situación se presenta como una afectación que trasciende al detenido y alcanza al conjunto del hogar. El texto vincula esta realidad con las obligaciones de protección de la familia y de los menores contempladas en la Constitución venezolana y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
En paralelo, las familias deben asumir gastos relacionados con la alimentación, medicamentos y otras necesidades de los privados de libertad. El documento sostiene que esta carga puede terminar afectando incluso la capacidad de los hogares para atender sus propias necesidades, particularmente después de los daños provocados por el sismo del 24 de junio.
Rodeo I y el temor de los familiares
Uno de los episodios destacados corresponde a las denuncias sobre hechos ocurridos el 5 de julio de 2026 en el Centro Penitenciario Rodeo I. Según los testimonios recopilados en el documento, familiares denunciaron golpizas, impactos de perdigones, uso de gas lacrimógeno en las celdas, confiscación de pertenencias y paquetería familiar.
También se reportó la desaparición temporal de al menos siete internos y casos de sangrado, vómitos y presunta sedación.
El temor se habría incrementado debido a las condiciones de las instalaciones penitenciarias después de los terremotos. El documento señala que los internos y sus familiares habían advertido sobre posibles riesgos estructurales y que, pese a ello, los presos permanecieron recluidos en celdas que presentaban daños.
Estas denuncias, atribuidas en el documento a familiares y organizaciones defensoras de los presos políticos, requieren investigación y esclarecimiento por parte de las autoridades competentes.
Justicia transicional para reparar a las familias
Frente a este escenario, el planteamiento propone ampliar la mirada sobre las víctimas de la persecución política. No se trataría únicamente de atender las consecuencias sobre quienes permanecen privados de libertad, sino también de reconocer el daño sufrido por sus familias.
Entre las medidas planteadas destaca la liberación inmediata de los presos políticos, presentada como una acción prioritaria para detener la incertidumbre, reducir la presión económica y permitir la reunificación familiar.
El documento también propone reconocer a los familiares como víctimas directas de las consecuencias de la persecución y considerar medidas de reparación que atiendan el impacto psicológico, social y económico acumulado.
Encuentro y perdón: reconstruir el tejido familiar
La discusión sobre justicia, encuentro y perdón adquiere así una dimensión que va más allá de los procesos judiciales. El desafío consiste en reparar hogares afectados por años de incertidumbre, separación y temor, evitando que el sufrimiento se transmita a las siguientes generaciones.
El análisis concluye que la prisión política produce un daño que no queda confinado al individuo. Mientras continúe el encarcelamiento, las familias permanecen sometidas a una incertidumbre que afecta su estabilidad económica, emocional y social.
En este contexto, cualquier proceso de reconstrucción democrática y justicia transicional deberá considerar a las familias como parte fundamental de la reparación. El encuentro, la verdad, la justicia y, eventualmente, el perdón solo podrán tener sentido si parten del reconocimiento del daño causado y de garantías que impidan su repetición.
[Fuente: El Impulso]
