A través de consultas con organizaciones no gubernamentales (ONG) y un monitoreo en los estados La Guaira, Miranda y el Distrito Capital, los organismos señalaron en el documento, publicado el 30 de julio, que el desplazamiento masivo acentuó la vulnerabilidad de la población femenina en las zonas afectadas.
El informe, construido a través de los datos ofrecidos por Aliadas en Cadena, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Cedesex), Tinta Violeta y Voces de Género Venezuela, señaló que la precariedad en los campamentos transitorios ha limitado el acceso de las sobrevivientes a mecanismos seguros de denuncia y atención médica especializada.
A esta evaluación se sumó la organización Plan International, la cual precisó que más de 23.000 personas permanecen desplazadas en refugios improvisados, lo que ha llevado a múltiples núcleos familiares a pernoctar en espacios públicos cercanos a sus viviendas destruidas ante el temor de sufrir agresiones en los centros de acopio.
Incremento de violencia de género y riesgo de trata de personas
El análisis técnico indicó que la falta de iluminación en áreas sanitarias, la ausencia de espacios de privacidad y la masificación en los albergues oficiales incrementan los riesgos de agresiones sexuales en las inmediaciones de los campamentos.
Yessica Serrano, asesora regional de Protección de la Infancia en Acción Humanitaria de Plan International, explicó la dinámica de riesgo que afronta la niñez en la contingencia, por lo que instó a tomar medidas para proteger a los más vulnerables.
“Las personas cuidadoras están sometidas a un enorme estrés, y es en esos momentos cuando las redes de trata y otros agresores aprovechan. Las crisis no afectan a todos los niños por igual, ya que las niñas, y en especial las adolescentes, están más expuestas a la explotación sexual, la violencia y el trabajo doméstico, mientras que los adolescentes varones afrontan el riesgo de ser reclutados por grupos criminales”, señaló la experta en el informe.
Ante este panorama, las organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron la implementación estricta de los protocolos de Protección contra la Explotación y los Abusos Sexuales (PEAS) en todos los puntos de distribución de ayuda humanitaria, así como la activación de los Estándares Mínimos Interagenciales para garantizar la oferta de kits de profilaxis post-exposición (PEP) a sobrevivientes de agresión sexual.
Puntos críticos de desprotección identificados por las ONG:
– Ausencia de monitoreo continuo en las zonas perimetrales de los albergues.
– Difundida instalación de campamentos informales sin acceso a agua potable ni alumbrado público.
– Exposición de adolescentes a dinámicas de captación por parte de mafias de trata de personas.
– Inexistencia de rutas de remisión judicial en los centros asistenciales de contingencia.
Por otra parte, el estudio de ONU Mujeres enfatizó que la sobrecarga de tareas domésticas y de atención médica recayó de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo que frena su capacidad de reincorporación a la actividad laboral.
Señalaron que, en Venezuela, donde la estructura social registra una elevada proporción de hogares monomarentales, las jefas de hogar deben asumir el cuidado exclusivo de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y heridos por los sismos.
El documento destacó que esta concentración de responsabilidades ha derivado en cuadros de agotamiento físico y trauma psicosocial no atendido. Adicionalmente, el propio personal humanitario de primera línea, integrado en gran parte por mujeres de la sociedad civil, registró afectaciones en su salud mental debido a la pérdida de sus propios bienes y familiares mientras ejecutan labores de asistencia.
Desabastecimiento de insumos de salud sexual y reproductiva
Asimismo, el informe resaltó que la evaluación de necesidades médicas evidenció un desabastecimiento crítico de insumos para la salud menstrual, ginecológica y obstétrica en las zonas afectadas.
La Directora Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, Paula Narváez, inspeccionó los centros asistenciales de La Guaira y confirmó la paralización de los servicios esenciales de atención prenatal y postnatal de emergencia.
Detalló que las limitaciones en el acceso a agua para lavarse o bañarse han provocado el surgimiento de infecciones ginecológicas y patologías dermatológicas entre las mujeres en albergues.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que se realice de manera prioritaria el suministro de estos insumos:
– Anticonceptivos orales e inyectables, preservativos y kits de profilaxis post-exposición (PEP).
– Óvulos y cremas antimicóticas con aplicador, medicamentos para combatir la escabiosis y cremas para la pañalitis.
– Esquemas de vacunación RhoGAM (anti-D) para embarazadas y tratamientos para el control de la hipertensión y la diabetes.
– Toallas sanitarias, tampones y jabones neutros para prevenir infecciones bacterianas.
Solicitudes de financiamiento
El análisis reveló que, durante las primeras horas de la contingencia, ONU Mujeres activó un servicio de atención psicosocial remota en alianza con ADRA Ecuador, lo que le permitió atender 64 casos de emergencia, de los cuales el 34 % correspondió a sobrevivientes directas del desastre y el 20 % a personal humanitario.
Además, en articulación con el sector privado y el Dividendo Voluntario para la Comunidad, distribuyeron asistencia directa a 459 familias (1.836 personas) en refugios de Caracas, Miranda y La Guaira, e instalaron dos antenas satelitales para garantizar la conectividad en los campamentos del Polideportivo José María Vargas y el Estadio César Nieves.
Sin embargo, el organismo internacional advirtió que las capacidades operativas de las organizaciones locales están al límite.
Por ello, formuló un llamado de emergencia para recaudar 3 millones de dólares en un plazo de 6 a 12 meses, recursos que estarán destinados a atender a 15.000 mujeres y niñas mediante programas de protección, entrega de medios de vida, reactivación de infraestructura de agua y saneamiento, e inclusión del enfoque de género en la reconstrucción nacional.
[Fuente: El Diario]
